El pasado 22 de junio de 2021, mediante Oficio N° 115-2021, el máximo tribunal despachó su tercer informe relativo al proyecto de ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia (Boletín N° 10.315-18).

Además, al término de la misma semana, el viernes 25 de junio, el Congreso remitió oficio de ley al Ejecutivo, quedado la iniciativa en condiciones de ser promulgada y publicada como ley de la República.

El proyecto tiene por objeto la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esta línea, crea un Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, constituido por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes.

En esta oportunidad la Corte volvió a informar sobre materias previamente consultadas, pero que fueron objeto de modificación en la Comisión Mixta encargada de resolver las diferencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados al concluir la tramitación del proyecto. En este sentido, se refirió al procedimiento para la evaluación y determinación del interés superior del niño, niña y adolescente; el cumplimiento forzado de las medidas de protección administrativas; la delimitación de competencias y funciones entre la sede administrativa y la sede jurisdiccional y la acción de reclamación por ilegalidad respecto de actos  y resoluciones de las oficinas locales de la niñez.

En sus conclusiones la Corte, de manera general, reiteró que la incitativa constituye un avance considerable en el cumplimiento de las obligaciones de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Además, dentro de las observaciones particulares, cabe destacar que se relevó el avance que el proyecto implica en el proceso de desjudicialización de la protección de derechos de NNA. Sin perjuicio de lo cual, se insistió en que “para alcanzarla urge una reforma de la ley N°19.968, de manera que en la regulación de los procedimientos judiciales se incorpore una correlación entre las diversas medidas y potestades propuestas en el proyecto”.

El informe de la Corte se extendió a otros aspectos del proyecto de ley en comento. Sus detalles pueden consultarse en el Informe Proyecto de Ley (Oficio N° 115-2021), disponible a continuación.

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