Los análisis que se presentan en este boletín de jurisprudencia en materia de derechos humanos corresponden a investigaciones realizadas entre los meses de enero y junio del presente año.

Las sentencias han sido recopiladas desde las plataformas del Centro Documental de la Corte Suprema.

Sistema Universal

Jurisprudencia entregada en contexto del VII informe periódico sobre la implementación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos

Para complementar y actualizar la información ya proporcionada en 2019, se realizó una búsqueda de sentencias de la Corte Suprema en la plataforma del Centro Documental del mismo tribunal bajo los siguientes parámetros:

  1. Entre 13 agosto 2014 (fecha en que el Comité de Derechos Humanos emitió sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile) y 01 de enero de 2021; y
  2. Búsqueda en el contenido del documento. Todas: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El resultado de dicha búsqueda fueron 1186 sentencias de la Corte Suprema en las que se cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De este total:

  • 470 sentencias se refieren a pronunciamientos respecto de apelaciones de sentencias de Cortes de Apelaciones que se pronuncian sobre recursos de protección;

Se observa que la mayoría de estos fallos fueron dictados en 2019 (443). En estas últimas sentencias, se observa que en los fallos se cita, en particular, el artículo 2.3, letra a) del Pacto que consagra el derecho a un recurso efectivo, para fundamentar la posición disidente de uno de los Ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema de acoger aquellas acciones de protección declaradas extemporáneas por presentarse más allá del plazo establecido en el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En este sentido argumenta el Ministro señor Muñoz en sentencia de la Corte Suprema de 12 de septiembre de 2019 (Rol N°25.694-2019):

“1.- En el sistema de fuentes del derecho al conocer de los conflictos particulares, no resulta posible desatender las normas generales impartidas por la autoridad, sea que versen sobre materias sustanciales o procesales, principio que se denomina inderogabilidad singular del reglamento;

2.- La Corte Suprema ha regulado por Auto Acordado diferentes materias, tanto sobre la base de la habilitación general dada por la Constitución y la ley, como por encargos específicos entregados al efecto. Reglamentación que está llamada a tenerse en consideración respecto de las materias que regula, en tanto se encuentren vigentes, no se les derogue y no exista una determinación que impida reconocerle sus efectos; determinación que siempre debe adoptarse con carácter general, nunca en relación y solamente respecto de un caso concreto del cual se esté conociendo;

3.- Sin embargo, en diferentes ocasiones, ya de manera reiterada, el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema ha desconocido lo normado en los autos acordados por ella dictados, resolviendo lo contrario de la disposición general en el caso particular, reconociendo, incluso, la posibilidad que se efectúe tal ponderación por los jueces de la instancia;

4.- Ante tal proceder surge con toda su fuerza el mandato del Artículo 8.2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone el derecho al recurso judicial ante un tribunal superior, como lo normado en el artículo 2.3 letra a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho a una acción efectiva ante los tribunales a las personas cuyos derechos y libertades hayan sido violados;

5.- Es por lo anterior que, en tanto esta situación se mantenga, quien suscribe este parecer particular considera que no puede restringir el acceso a la justicia de quienes recurren a los tribunales, por así disponerlo una determinación de la Corte Suprema, puesto que entiende que el principio de igualdad ante la ley y la justicia, el de no discriminación y el de dignidad de todas las personas así se lo impone, por lo cual, en tales casos, se abstendrá de reconocer aplicación a dicha normativa”.

  • 251 se refieren a apelaciones de sentencias de Cortes de Apelaciones que resuelven recursos de amparo;
  • 231 corresponden a recursos de nulidad respecto de sentencias penales;
  • 132 se pronuncian respecto de recursos de casación en la forma y fondo en materia civil y 67 en materia penal.
  • Las demás sentencias se refieren a casos de extradiciones pasivas y activas, recursos de hecho y otras acciones no registradas en la clasificación proporcionada por CENDOC.

«Jurisprudencia entregada en contexto de II informe periódico sobre la implementación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”

      i.        Jurisprudencia sobre recursos de amparo presentados frente a la expulsión de personas migrantes del país.

En lo que se refiere a las medidas de expulsión administrativas, se debe señalar que los tribunales superiores de justicia se han pronunciado respecto de la arbitrariedad o ilegalidad de la adopción de este tipo de medidas, al resolver acciones de amparo por vulneración y/o amenaza del derecho a la libertad de circulación consagrado en el artículo 19, n°7 de la Constitución Política.

En estos fallos, las cortes han precisado distintos elementos que la administración debería tener en cuenta al momento de ejercer la facultad que les confiere el Decreto ley de Extranjería de expulsar a las personas migrantes. Entre estos elementos se encuentran el arraigo familiar y la consideración del interés superior de los NNA que podrían ser afectados por la medida y el cumplimiento de garantías de debido proceso.

En particular, las Cortes han resuelto acoger acciones de amparo, frente a la amenaza y vulneración del derecho a la libertad de circulación que consagra el artículo 19, N°7 de la Constitución Política de la República, en aquellos casos en los que la autoridad administrativa ha resuelto disponer la expulsión de personas al ser denunciadas de haber cometido el delito de ingreso clandestino, estableciendo que, para aplicar la sanción de expulsión, se requiere de un proceso penal en el que se acredite el delito que se les imputa.

En este punto, cabe mencionar que de acuerdo a la búsqueda realizada en la página web del Centro Documental de la Corte Suprema, de las 24 sentencias que mencionan el “ingreso clandestino” sólo en el año 2021 (utilizando como criterio de búsqueda la expresión “ingreso clandestino”), se observa que en 21 de los fallos revisados, la Corte resolvió acoger las acciones de amparo por los motivos indicados en el párrafo anterior, ya sea revocando sentencias de primera instancia que rechazaban el recurso o confirmando las sentencias que los acogían.

En este sentido, en la sentencia de 29 de marzo de 2021 (Rol N°22.016-2021), la Corte Suprema sostuvo lo siguiente:

1°) Que, como se lee en la resolución impugnada, el fundamento de la expulsión (...) responde a su ingreso clandestino al país. En esta última situación el hecho fue denunciado a la Fiscalía Local del Ministerio Público ante la que, posteriormente, se presentó desistimiento de dicha denuncia.

2°) Que, al desistirse de la denuncia la Intendencia Regional impidió que el órgano persecutor pesquisara los hechos relativos al ingreso clandestino, lo que precisamente condujo al término de esa causa. Asimismo, tal proceder impidió a la amparada defenderse y controvertir los hechos que fundaron la denuncia.

En definitiva, el dictamen de expulsión se basa en la mera noticia de la autoridad policial, antecedente único que es del todo insuficiente para fundar la decisión de expulsión cuestionada”.

Este criterio sigue además la línea jurisprudencial que ha adoptado la Corte desde el año 2013, según se detalla en la publicación Colección Jurídica sobre migrantes.

En particular, respecto de la situación por la que expertos del Comité consultaron referida a la expulsión de ciudadanos venezolanos en la ciudad de Iquique en febrero de este año, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió, a lo menos, 8 recursos de amparo presentados por el Instituto de Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y abogados particulares en representación de ciudadanos venezolanos que ingresaron al país por pasos no habilitados y ordenó dejar sin efecto las órdenes de expulsión del territorio nacional.

En fallos unánimes (causas Roles 28-2021, 30-2021, 31-2021, 32-2021, 33-2021, 36-2021, 38-2021 y 41-2021), la Corte de Apelaciones de Iquique acogió las acciones constitucionales, de acuerdo a las consideraciones que se citan a continuación:

"Que del mérito de autos, aparece que la medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados hubieren podido controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes que estimare procedentes ante la pretensión de expulsión, transgrediéndose con ello su garantía relativa a la existencia de un procedimiento legalmente tramitado, racional y justo que anteceda a la dictación de la medida reclamada, toda vez que la Intendencia Regional de Tarapacá dispuso la expulsión de los amparados, sin que haya sido concluida alguna investigación en su contra y mucho menos se hubiera dictado alguna sentencia con relación al ingreso clandestino al país, sino valiéndose tan solo de sus actuaciones administrativas carentes de fundamento y vulneratorias del derecho a la defensa constitucionalmente protegida. En tal sentido, al haber aplicado la autoridad migratoria la sanción de expulsión sin que existiera una investigación y proceso previo debida y legalmente tramitado, constituye una violación a la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política, ya que en ningún momento se ha brindado a los amparados la oportunidad de defenderse, ser oído, aportar pruebas en los hechos que se le imputan, y sólo después de haber cumplido con este mandato legal, es que puede la administración, en uso de su facultad sancionadora, y siempre dentro de los límites que establezca la Constitución y las leyes, dictar las medidas que se encuentren dentro de sus competencias".

Pese a que la tendencia mayoritaria de los tribunales superiores de justicia ha sido acoger este tipo de recursos frente a casos de personas denunciadas por ingreso clandestino sin sentencia previa, según se detalló anteriormente, en las sentencias de 25 de febrero (Roles 14.392-2021; 14.393-2021 y 14.398-2021) y 2 de marzo de 2021 (Rol 14.396-2021), la segunda sala de la Corte Suprema se pronunció revocando las sentencias de primera instancia ya mencionadas, argumentando lo siguiente:

Que la autoridad administrativa ha obrado dentro del límite de sus atribuciones, con estricto apego a las normas contenidas en la Carta Fundamental y a la legislación especial establecida en lo pertinente en los artículos 2, 3, 15 N° 7, 17 y 69 del Decreto Ley N° 1094 de Extranjería y su reglamento, y Decreto N° 818 del Ministerio del Interior, fundando adecuadamente sus actos, no afectando a dichas facultades el hecho de existir desistimiento de la acción penal e inexistencia de investigación del mismo, ni tampoco las circunstancias ocurridas con posterioridad a los actos impugnados, las que deben ser planteadas como motivo de la solicitud de regularización de su situación migratoria mediante el procedimiento administrativo previsto en la ley”.

Por su parte, respecto de uno de los recursos que presentó el INDH respecto de 22 ciudadanos venezolanos que habrían ingresado por pasos no habilitados (Rol 32-2021 de la Corte de Apelaciones de Iquique), la Corte Suprema se pronunció confirmando parcialmente la sentencia de primera instancia respecto de 2 de las personas amparadas y revocando en lo demás esta sentencia con base en la argumentación ya referida, esto es, que la autoridad administrativa actuó dentro de sus competencias.

Sin perjuicio de lo ya señalado, se debe precisar que la Corte Suprema también resolvió confirmar tres sentencias de la Corte de Apelaciones de Iquique referidas a otras tres acciones de amparo que se presentaron respecto de personas expulsadas en circunstancias similares a las denunciadas en los fallos ya mencionados. En particular, en las sentencias de 24 de febrero (Rol 14.339-2021), 1 de marzo (Rol 14.494-2021) y 2 de marzo de 2021 (Rol 14.495-2021), la Corte Suprema confirmó el criterio previamente citado de la Corte de Apelaciones de Iquique y de la jurisprudencia mayoritaria en esta materia.

     ii.        Jurisprudencia sobre niños, niñas y adolescentes migrantes

En lo relativo a la protección del principio de interés superior del niño en el contexto de expulsiones de sus padres y/o familiares, se destaca que los tribunales superiores de justicia han acogido acciones de amparo presentadas por personas migrantes con arraigo en el país y cuyos familiares sean chilenos o residentes, ordenando dejar sin efecto aquellos decretos de expulsión que no hayan tenido en consideración la protección de la unidad familiar y los derechos de los NNA que podrían ser afectados por la separación de sus padres.

Entre otros, Corte Suprema Rol 1.530-2013, de 18 de marzo de 2013, considerando 3°; Corte Suprema Rol 1.546-2015, de 29 de enero de 2015, considerando 2°; Corte Suprema Rol 16.664-2015, de 5 de octubre de 2015, considerando 5°; Corte Suprema Rol 40.855-2017, de 19 de octubre de 2017, considerando 3°; Corte Suprema Rol 40.857-2017, de 19 de octubre de 2017, considerando 3°; Corte Suprema Rol 41.469-2017, de 24 de octubre de 2017, considerando 3°; Corte Suprema Rol 40.865-2017, de 19 de octubre de 2017, considerando 3°.

En efecto, la Corte Suprema ha establecido en diversas oportunidades, entre ellas causa Rol 3.990-2017, que, en el ámbito de sus atribuciones, las autoridades administrativas deben atender a las circunstancias personales y familiares de los reclamantes, ponderando las especiales situaciones de arraigo al país que se presenten en cada caso. De manera tal que debe ser especialmente considerado el tiempo de permanencia de la persona en el territorio nacional, su residencia definitiva, el hecho de poseer familia, lazos matrimoniales, entre otros aspectos. Este arraigo familiar y social necesariamente debe ponderarse a la luz no solo de nuestra carta fundamental que reconoce y protege a las familias como núcleo fundamental de la sociedad, sin distinción alguna, sino también del derecho internacional que en diversos instrumentos protege la familia y los derechos de los niños.

A mayor ahondamiento, cabe destacar el fallo de 14 de septiembre de 2020 dictado por la Segunda sala de la Corte Suprema en la causa Rol 104.704-2020, que confirmó la sentencia apelada emitida por la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 03 de septiembre de 2020 en causa Rol N° 228-2020, que acogió el recurso de amparo deducido en favor de un ciudadano colombiano y de sus hijos menores de edad, uno de los cuales era de nacionalidad chilena, en contra del Ministerio de Interior y Seguridad Pública por haber decretado la expulsión del país del adulto de nacionalidad colombiana.

Dentro de los considerandos del fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena  confirmado por la Corte Suprema, cabe destacar el considerando sexto en el que se expresa:

“Que, a mayor abundamiento, cabe precisar, que se han expuesto en esta sede una serie de circunstancias sociales y familiares que demuestran que el amparado en estos cinco años de permanencia en Chile ha logrado formar una familia, contrajo matrimonio bajo las leyes chilenas, ha realizado labores remuneradas e incluso tiene dos hijos menores de edad, insertos en nuestra sociedad, con residencia permanente, y la última de ellas de 14 meses de edad además con nacionalidad chilena, lo que demuestra un arraigo familiar y social que necesariamente debe ponderarse a la luz no solo de nuestra carta fundamental que reconoce y protege a las familias como núcleo fundamental de la sociedad, sin distinción alguna, sino también del derecho internacional que en diversos instrumentos protege la familia y los derechos de los niños, los cuales se verían necesariamente afectados en el caso de marras de materializarse la decisión expulsatoria, todo lo cual refuerza la idea de acoger el recurso en análisis”.

En el mismo sentido se pronunció un fallo de la Segunda sala de la Corte Suprema de fecha 21 de septiembre de 2020 en causa Rol 112.507-2020, en el que se revocó la sentencia apelada dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 09 de septiembre de 2020 en causa Rol N° Amparo-1824-2020, que rechazó el recurso de amparo deducido en favor de un ciudadano colombiano en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en contra del Departamento de Extranjería y Migración, por decretar su expulsión del territorio nacional y por la demora en su regularización migratoria.

Entre los considerandos del fallo se destaca el considerando primero en el cual se expresa que la resolución impugnada deviene en ilegal en cuanto no considera las circunstancias personales del recurrente relativas a su arraigo laboral y familiar en el país y pasa por alto diversos instrumentos internacionales que dan protección a las familias migrantes tales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; y, el considerando segundo en el que ponderando que el amparado es padre de una hija menor de edad hace aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, expresando:

Que, igualmente, ha de considerarse que el amparado es padre de una hija menor, quien se verá igualmente afectada por la orden de expulsión de su padre, conculcando el interés superior que consagra en su favor la Convención sobre Derechos del Niño, y en este caso, específicamente, su artículo 10, N° 1, en cuanto a que los niños no deben ser separados de sus padres, salvo excepciones que no concurren en la especie”.

    iii.        Jurisprudencia sobre la interpretación del concepto de extranjero transeúnte

Los expertos del Comité consultaron respecto de la interpretación del concepto de extranjero transeúnte y los criterios establecidos por los tribunales de justicia en esta materia. Al respecto se señaló que la Corte Suprema al resolver recursos de reclamación de nacionalidad, de acuerdo a lo que dispone el artículo 12 de la Constitución, ha reconocido la nacionalidad chilena a los hijos de extranjeros nacidos en el territorio nacional, a quienes –previamente- se les desconocía el derecho a la nacionalidad, en atención a la condición migratoria irregular de sus padres y madres, quedando en condición de apátridas.

El detalle de esta jurisprudencia se puede revisar en la publicación Colección Jurídica sobre migrantes.

Al resolver estos recursos, la Corte ha invocado normas de tratados internacionales de derechos humanos para fundamentar los fallos, principalmente la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; instrumento este último que -en su artículo 20- reconoce el derecho de toda persona a acceder a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra, y la garantía de no privación arbitraria de la nacionalidad ni de su derecho a cambiarla.

En este sentido las siguientes sentencias: Corte Suprema, 11/03/2013, Rol 9.168-2012, considerando 8°; Corte Suprema, 22/01/2013, Rol 7.580-2012, considerando 8°; Corte Suprema, 22/08/2012, Rol 3.255-2012, considerando 9°; Corte Suprema, 14/01/2014, Rol 10.897-2013, considerando 8°; Corte Suprema, 26/11/2013, Rol 5.482-2013, considerando 8°; Corte Suprema, 07/04/2014, Rol 14.948-2013, considerando 6°; Corte Suprema, 01/04/2014, Rol 14.657-2013, considerando 5; Corte Suprema, 19/05/2014, Rol 4.727-2014, considerando 9°; Corte Suprema, 13/09/2017, Rol 19.256-2017, considerando 2°.

Además cabe destacar que, a partir del año 2014, la autoridad migratoria, siguiendo el criterio adoptado por la Corte Suprema en esta materia, reconoció que la interpretación de la norma constitucional adoptada por la autoridad administrativa era inadecuada y adoptó medidas administrativas para cambiar el criterio ya referido y dar a conocer esta modificación.

Sin perjuicio de lo anterior, la Clínica de Inmigrantes de la Universidad Alberto Hurtado, la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y el INDH, en base a un levantamiento de casos realizado durante el año 2015, presentaron una reclamación de nacionalidad ante la Corte Suprema en representación de 167 personas en esta situación. Este reclamo fue resuelto mediante una audiencia de conciliación, que permitió restituir el derecho vulnerado a las personas titulares de la acción.

En el acta de conciliación se constató que “respecto de las ciento sesenta y siete personas mencionadas en estos autos con anotación “Hijo de Extranjero Transeúnte, art 10 N° 1 de la Constitución Política del Estado”, se ha eliminado tal anotación de sus respectivos registros de nacimiento y, en consecuencia, se les reconoce a todos ellos la nacionalidad chilena”.


¿Qué han recomendado los órganos de tratado al Estado de Chile este semestre?

II Informe periódico de Chile ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares


Sistema Interamericano

Opinión Consultiva sobre “Enfoques diferenciados en materia de Personas Privadas de Libertad”

      i.        Mujeres embarazadas, en periodo de posparto y lactantes

En lo que respecta a jurisprudencia relacionada con mujeres embarazadas, en periodo de posparto y lactantes en privación de libertad, se lograron identificar 2 fallos emitidos por la Corte Suprema y 1 emitido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en los cuales, a grandes rasgos, las afectaciones denunciadas dicen relación con una negligente atención médica prenatal, inadecuada alimentación y entrega de fármacos, colocación de grilletes en la atención médica y/o parto, y separación de la madre y su hijo o hija:

     ii.        Niños y niñas que viven con sus madres en prisión

En lo que respecta a jurisprudencia relacionada con niños y niñas que viven con sus madres en prisión, se lograron identificar 2 fallos emitidos por la Corte Suprema y 2 por  distintas Cortes de Apelaciones del país, en los cuales, a grandes rasgos, las afectaciones denunciadas dicen relación con la vulneración del derecho a la vida y la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la seguridad personal de los niños y niñas que viven junto a sus madres en privación de libertad:

    iii.        Personas LGBT

En lo que respecta a jurisprudencia relacionada con personas LGBT privadas de libertad, se lograron identificar 2 fallos emitidos por la Corte Suprema y 4 fallos emitidos por diversas Cortes de Apelaciones del país, en los cuales, a grandes rasgos, las afectaciones denunciadas dicen relación con el no reconocimiento de la identidad de género de personas trans, con actos de violencia física/psicológica en contra de personas LGBT y con la no entrega de tratamiento médico adecuado para portadores de VIH:

    iv.        Personas indígenas

En lo que respecta a jurisprudencia relacionada con personas indígenas privadas de libertad, se lograron identificar 8 fallos emitidos por la Corte Suprema y 2 fallos emitidos por la Corte de Apelaciones de Temuco en los cuales, a grandes rasgos, las afectaciones denunciadas decían relación con la imposibilidad de preservar su identidad cultural, la repercusión negativa del encarcelamiento en su ámbito comunitario y contravención del artículo 10 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo:

     v.        Personas mayores

En lo que respecta a jurisprudencia de personas mayores privadas de libertad, se lograron identificar 4 fallos emitidos por la Corte Suprema en los cuales, a grandes rasgos, las afectaciones denunciadas dicen relación con el hecho mismo de ser el denunciante una persona mayor cumpliendo condena en cárcel, y por otro lado, por complicaciones de salud y denegación de acceso a educación.

Cabe mencionar que las personas mayores denunciantes en los fallos adjuntados se encontraban todas cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad en una Unidad Penal Especial ("Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco"):

    vi.        Hacinamiento carcelario e integridad física y psíquica de personas privadas de libertad

Como se mencionó en el apartado sobre la metodología, se incluye en este informe un acápite adicional sobre hacinamiento carcelario y el derecho a la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad. En esta materia se identificaron 2 fallos emitidos por la Corte Suprema y 2 emitidos por la Corte de Apelaciones de San Miguel:

Colección Jurídica: Acceso a la justicia de personas privadas de libertad: http://decs.pjud.cl/coleccion-juridica-acceso-a-la-justicia-de-personas-privadas-de-libertad/

¿Qué han resuelto los órganos del sistema interamericano respecto del Estado de Chile en este semestre?


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