Este boletín de jurisprudencia en materia de derechos humanos se ha elaborado en cumplimiento de las metas de eficiencia institucional 2021.

Los análisis que aquí se presentan corresponden a investigaciones de jurisprudencia realizadas entre los meses de enero y junio del presente año.

Las sentencias han sido recopiladas desde las plataformas del Centro Documental de la Corte Suprema.

Sistema Universal

Jurisprudencia entregada en contexto del VII informe periódico sobre la implementación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos

Para complementar y actualizar la información ya proporcionada en 2019, se realizó una búsqueda de sentencias de la Corte Suprema en la plataforma del Centro Documental del mismo tribunal bajo los siguientes parámetros:

  1. Fecha. Entre 13 agosto 2014 (fecha en que el Comité de Derechos Humanos emitió sus observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile) y 01 de enero de 2021; y
  2. Búsqueda en el contenido del documento. Todas: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El resultado de dicha búsqueda fueron 1186 sentencias de la Corte Suprema en las que se cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De este total:

  • 470 sentencias se refieren a pronunciamientos respecto de apelaciones de sentencias de Cortes de Apelaciones que se pronuncian sobre recursos de protección;

Se observa que la mayoría de estos fallos fueron dictados en 2019 (443). En estas últimas sentencias, se observa que en los fallos se cita, en particular, el artículo 2.3, letra a) del Pacto que consagra el derecho a un recurso efectivo, para fundamentar la posición disidente de uno de los Ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema de acoger aquellas acciones de protección declaradas extemporáneas por presentarse más allá del plazo establecido en el Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En este sentido argumenta el Ministro señor Muñoz en sentencia de la Corte Suprema de 12 de septiembre de 2019 (Rol N°25.694-2019):

“1.- En el sistema de fuentes del derecho al conocer de los conflictos particulares, no resulta posible desatender las normas generales impartidas por la autoridad, sea que versen sobre materias sustanciales o procesales, principio que se denomina inderogabilidad singular del reglamento;

2.- La Corte Suprema ha regulado por Auto Acordado diferentes materias, tanto sobre la base de la habilitación general dada por la Constitución y la ley, como por encargos específicos entregados al efecto. Reglamentación que está llamada a tenerse en consideración respecto de las materias que regula, en tanto se encuentren vigentes, no se les derogue y no exista una determinación que impida reconocerle sus efectos; determinación que siempre debe adoptarse con carácter general, nunca en relación y solamente respecto de un caso concreto del cual se esté conociendo;

3.- Sin embargo, en diferentes ocasiones, ya de manera reiterada, el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema ha desconocido lo normado en los autos acordados por ella dictados, resolviendo lo contrario de la disposición general en el caso particular, reconociendo, incluso, la posibilidad que se efectúe tal ponderación por los jueces de la instancia;

4.- Ante tal proceder surge con toda su fuerza el mandato del Artículo 8.2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos que dispone el derecho al recurso judicial ante un tribunal superior, como lo normado en el artículo 2.3 letra a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho a una acción efectiva ante los tribunales a las personas cuyos derechos y libertades hayan sido violados;

5.- Es por lo anterior que, en tanto esta situación se mantenga, quien suscribe este parecer particular considera que no puede restringir el acceso a la justicia de quienes recurren a los tribunales, por así disponerlo una determinación de la Corte Suprema, puesto que entiende que el principio de igualdad ante la ley y la justicia, el de no discriminación y el de dignidad de todas las personas así se lo impone, por lo cual, en tales casos, se abstendrá de reconocer aplicación a dicha normativa”.

  • 251 se refieren a apelaciones de sentencias de Cortes de Apelaciones que resuelven recursos de amparo; 
  • 231 corresponden a recursos de nulidad respecto de sentencias penales; 
  • 132 se pronuncian respecto de recursos de casación en la forma y fondo en materia civil y 67 en materia penal. 
  • Las demás sentencias se refieren a casos de extradiciones pasivas y activas, recursos de hecho y otras acciones no registradas en la clasificación proporcionada por CENDOC.

«Jurisprudencia entregada en contexto de II informe periódico sobre la implementación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”

  1. Jurisprudencia sobre recursos de amparo presentados frente a la expulsión de personas migrantes del país.

En lo que se refiere a las medidas de expulsión administrativas, se debe señalar que los tribunales superiores de justicia se han pronunciado respecto de la arbitrariedad o ilegalidad de la adopción de este tipo de medidas, al resolver acciones de amparo por vulneración y/o amenaza del derecho a la libertad de circulación consagrado en el artículo 19, n°7 de la Constitución Política.

En estos fallos, las cortes han precisado distintos elementos que la administración debería tener en cuenta al momento de ejercer la facultad que les confiere el Decreto ley de Extranjería de expulsar a las personas migrantes. Entre estos elementos se encuentran el arraigo familiar y la consideración del interés superior de los NNA que podrían ser afectados por la medida y el cumplimiento de garantías de debido proceso. 

En particular, las Cortes han resuelto acoger acciones de amparo, frente a la amenaza y vulneración del derecho a la libertad de circulación que consagra el artículo 19, N°7 de la Constitución Política de la República, en aquellos casos en los que la autoridad administrativa ha resuelto disponer la expulsión de personas al ser denunciadas de haber cometido el delito de ingreso clandestino, estableciendo que, para aplicar la sanción de expulsión, se requiere de un proceso penal en el que se acredite el delito que se les imputa.

En este punto, cabe mencionar que de acuerdo a la búsqueda realizada en la página web del Centro Documental de la Corte Suprema, de las 24 sentencias que mencionan el “ingreso clandestino” sólo en el año 2021 (utilizando como criterio de búsqueda la expresión “ingreso clandestino”), se observa que en 21 de los fallos revisados, la Corte resolvió acoger las acciones de amparo por los motivos indicados en el párrafo anterior, ya sea revocando sentencias de primera instancia que rechazaban el recurso o confirmando las sentencias que los acogían.

En este sentido, en la sentencia de 29 de marzo de 2021 (Rol N°22.016-2021), la Corte Suprema sostuvo lo siguiente:

1°) Que, como se lee en la resolución impugnada, el fundamento de la expulsión (...) responde a su ingreso clandestino al país. En esta última situación el hecho fue denunciado a la Fiscalía Local del Ministerio Público ante la que, posteriormente, se presentó desistimiento de dicha denuncia.

2°) Que, al desistirse de la denuncia la Intendencia Regional impidió que el órgano persecutor pesquisara los hechos relativos al ingreso clandestino, lo que precisamente condujo al término de esa causa. Asimismo, tal proceder impidió a la amparada defenderse y controvertir los hechos que fundaron la denuncia.

En definitiva, el dictamen de expulsión se basa en la mera noticia de la autoridad policial, antecedente único que es del todo insuficiente para fundar la decisión de expulsión cuestionada”.

Este criterio sigue además la línea jurisprudencial que ha adoptado la Corte desde el año 2013, según se detalla en la publicación Colección Jurídica sobre migrantes.

En particular, respecto de la situación por la que expertos del Comité consultaron referida a la expulsión de ciudadanos venezolanos en la ciudad de Iquique en febrero de este año, la Corte de Apelaciones de Iquique acogió, a lo menos, 8 recursos de amparo presentados por el Instituto de Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y abogados particulares en representación de ciudadanos venezolanos que ingresaron al país por pasos no habilitados y ordenó dejar sin efecto las órdenes de expulsión del territorio nacional.

En fallos unánimes (causas Roles 28-2021, 30-2021, 31-2021, 32-2021, 33-2021, 36-2021, 38-2021 y 41-2021), la Corte de Apelaciones de Iquique acogió las acciones constitucionales, de acuerdo a las consideraciones que se citan a continuación:

"Que del mérito de autos, aparece que la medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados hubieren podido controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes que estimare procedentes ante la pretensión de expulsión, transgrediéndose con ello su garantía relativa a la existencia de un procedimiento legalmente tramitado, racional y justo que anteceda a la dictación de la medida reclamada, toda vez que la Intendencia Regional de Tarapacá dispuso la expulsión de los amparados, sin que haya sido concluida alguna investigación en su contra y mucho menos se hubiera dictado alguna sentencia con relación al ingreso clandestino al país, sino valiéndose tan solo de sus actuaciones administrativas carentes de fundamento y vulneratorias del derecho a la defensa constitucionalmente protegida. En tal sentido, al haber aplicado la autoridad migratoria la sanción de expulsión sin que existiera una investigación y proceso previo debida y legalmente tramitado, constituye una violación a la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política, ya que en ningún momento se ha brindado a los amparados la oportunidad de defenderse, ser oído, aportar pruebas en los hechos que se le imputan, y sólo después de haber cumplido con este mandato legal, es que puede la administración, en uso de su facultad sancionadora, y siempre dentro de los límites que establezca la Constitución y las leyes, dictar las medidas que se encuentren dentro de sus competencias".

Pese a que la tendencia mayoritaria de los tribunales superiores de justicia ha sido acoger este tipo de recursos frente a casos de personas denunciadas por ingreso clandestino sin sentencia previa, según se detalló anteriormente, en las sentencias de 25 de febrero (Roles 14.392-2021; 14.393-2021 y 14.398-2021) y 2 de marzo de 2021 (Rol 14.396-2021), la segunda sala de la Corte Suprema se pronunció revocando las sentencias de primera instancia ya mencionadas, argumentando lo siguiente:

Que la autoridad administrativa ha obrado dentro del límite de sus atribuciones, con estricto apego a las normas contenidas en la Carta Fundamental y a la legislación especial establecida en lo pertinente en los artículos 2, 3, 15 N° 7, 17 y 69 del Decreto Ley N° 1094 de Extranjería y su reglamento, y Decreto N° 818 del Ministerio del Interior, fundando adecuadamente sus actos, no afectando a dichas facultades el hecho de existir desistimiento de la acción penal e inexistencia de investigación del mismo, ni tampoco las circunstancias ocurridas con posterioridad a los actos impugnados, las que deben ser planteadas como motivo de la solicitud de regularización de su situación migratoria mediante el procedimiento administrativo previsto en la ley”.

Por su parte, respecto de uno de los recursos que presentó el INDH respecto de 22 ciudadanos venezolanos que habrían ingresado por pasos no habilitados (Rol 32-2021 de la Corte de Apelaciones de Iquique), la Corte Suprema se pronunció confirmando parcialmente la sentencia de primera instancia respecto de 2 de las personas amparadas y revocando en lo demás esta sentencia con base en la argumentación ya referida, esto es, que la autoridad administrativa actuó dentro de sus competencias.

Sin perjuicio de lo ya señalado, se debe precisar que la Corte Suprema también resolvió confirmar tres sentencias de la Corte de Apelaciones de Iquique referidas a otras tres acciones de amparo que se presentaron respecto de personas expulsadas en circunstancias similares a las denunciadas en los fallos ya mencionados. En particular, en las sentencias de 24 de febrero (Rol 14.339-2021), 1 de marzo (Rol 14.494-2021) y 2 de marzo de 2021 (Rol 14.495-2021), la Corte Suprema confirmó el criterio previamente citado de la Corte de Apelaciones de Iquique y de la jurisprudencia mayoritaria en esta materia. 

  1. Jurisprudencia sobre niños, niñas y adolescentes migrantes

En lo relativo a la protección del principio de interés superior del niño en el contexto de expulsiones de sus padres y/o familiares, se destaca que los tribunales superiores de justicia han acogido acciones de amparo presentadas por personas migrantes con arraigo en el país y cuyos familiares sean chilenos o residentes, ordenando dejar sin efecto aquellos decretos de expulsión que no hayan tenido en consideración la protección de la unidad familiar y los derechos de los NNA que podrían ser afectados por la separación de sus padres.

Entre otros, Corte Suprema Rol 1.530-2013, de 18 de marzo de 2013, considerando 3°; Corte Suprema Rol 1.546-2015, de 29 de enero de 2015, considerando 2°; Corte Suprema Rol 16.664-2015, de 5 de octubre de 2015, considerando 5°; Corte Suprema Rol 40.855-2017, de 19 de octubre de 2017, considerando 3°; Corte Suprema Rol 40.857-2017, de 19 de octubre de 2017, considerando 3°; Corte Suprema Rol 41.469-2017, de 24 de octubre de 2017, considerando 3°; Corte Suprema Rol 40.865-2017, de 19 de octubre de 2017, considerando 3°.

En efecto, la Corte Suprema ha establecido en diversas oportunidades, entre ellas causa Rol 3.990-2017, que, en el ámbito de sus atribuciones, las autoridades administrativas deben atender a las circunstancias personales y familiares de los reclamantes, ponderando las especiales situaciones de arraigo al país que se presenten en cada caso. De manera tal que debe ser especialmente considerado el tiempo de permanencia de la persona en el territorio nacional, su residencia definitiva, el hecho de poseer familia, lazos matrimoniales, entre otros aspectos. Este arraigo familiar y social necesariamente debe ponderarse a la luz no solo de nuestra carta fundamental que reconoce y protege a las familias como núcleo fundamental de la sociedad, sin distinción alguna, sino también del derecho internacional que en diversos instrumentos protege la familia y los derechos de los niños.

A mayor ahondamiento, cabe destacar el fallo de 14 de septiembre de 2020 dictado por la Segunda sala de la Corte Suprema en la causa Rol 104.704-2020, que confirmó la sentencia apelada emitida por la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 03 de septiembre de 2020 en causa Rol N° 228-2020, que acogió el recurso de amparo deducido en favor de un ciudadano colombiano y de sus hijos menores de edad, uno de los cuales era de nacionalidad chilena, en contra del Ministerio de Interior y Seguridad Pública por haber decretado la expulsión del país del adulto de nacionalidad colombiana.

Dentro de los considerandos del fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena  confirmado por la Corte Suprema, cabe destacar el considerando sexto en el que se expresa:

“Que, a mayor abundamiento, cabe precisar, que se han expuesto en esta sede una serie de circunstancias sociales y familiares que demuestran que el amparado en estos cinco años de permanencia en Chile ha logrado formar una familia, contrajo matrimonio bajo las leyes chilenas, ha realizado labores remuneradas e incluso tiene dos hijos menores de edad, insertos en nuestra sociedad, con residencia permanente, y la última de ellas de 14 meses de edad además con nacionalidad chilena, lo que demuestra un arraigo familiar y social que necesariamente debe ponderarse a la luz no solo de nuestra carta fundamental que reconoce y protege a las familias como núcleo fundamental de la sociedad, sin distinción alguna, sino también del derecho internacional que en diversos instrumentos protege la familia y los derechos de los niños, los cuales se verían necesariamente afectados en el caso de marras de materializarse la decisión expulsatoria, todo lo cual refuerza la idea de acoger el recurso en análisis”.

 

En el mismo sentido se pronunció un fallo de la Segunda sala de la Corte Suprema de fecha 21 de septiembre de 2020 en causa Rol 112.507-2020, en el que se revocó la sentencia apelada dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 09 de septiembre de 2020 en causa Rol N° Amparo-1824-2020, que rechazó el recurso de amparo deducido en favor de un ciudadano colombiano en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y en contra del Departamento de Extranjería y Migración, por decretar su expulsión del territorio nacional y por la demora en su regularización migratoria.

Entre los considerandos del fallo se destaca el considerando primero en el cual se expresa que la resolución impugnada deviene en ilegal en cuanto no considera las circunstancias personales del recurrente relativas a su arraigo laboral y familiar en el país y pasa por alto diversos instrumentos internacionales que dan protección a las familias migrantes tales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; y, el considerando segundo en el que ponderando que el amparado es padre de una hija menor de edad hace aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, expresando:

Que, igualmente, ha de considerarse que el amparado es padre de una hija menor, quien se verá igualmente afectada por la orden de expulsión de su padre, conculcando el interés superior que consagra en su favor la Convención sobre Derechos del Niño, y en este caso, específicamente, su artículo 10, N° 1, en cuanto a que los niños no deben ser separados de sus padres, salvo excepciones que no concurren en la especie”.

  1. Jurisprudencia sobre la interpretación del concepto de extranjero transeúnte

Los expertos del Comité consultaron respecto de la interpretación del concepto de extranjero transeúnte y los criterios establecidos por los tribunales de justicia en esta materia. Al respecto se señaló que la Corte Suprema al resolver recursos de reclamación de nacionalidad, de acuerdo a lo que dispone el artículo 12 de la Constitución, ha reconocido la nacionalidad chilena a los hijos de extranjeros nacidos en el territorio nacional, a quienes –previamente- se les desconocía el derecho a la nacionalidad, en atención a la condición migratoria irregular de sus padres y madres, quedando en condición de apátridas.

El detalle de esta jurisprudencia se puede revisar en la publicación Colección Jurídica sobre migrantes.

Al resolver estos recursos, la Corte ha invocado normas de tratados internacionales de derechos humanos para fundamentar los fallos, principalmente la Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; instrumento este último que -en su artículo 20- reconoce el derecho de toda persona a acceder a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra, y la garantía de no privación arbitraria de la nacionalidad ni de su derecho a cambiarla.

En este sentido las siguientes sentencias: Corte Suprema, 11/03/2013, Rol 9.168-2012, considerando 8°; Corte Suprema, 22/01/2013, Rol 7.580-2012, considerando 8°; Corte Suprema, 22/08/2012, Rol 3.255-2012, considerando 9°; Corte Suprema, 14/01/2014, Rol 10.897-2013, considerando 8°; Corte Suprema, 26/11/2013, Rol 5.482-2013, considerando 8°; Corte Suprema, 07/04/2014, Rol 14.948-2013, considerando 6°; Corte Suprema, 01/04/2014, Rol 14.657-2013, considerando 5; Corte Suprema, 19/05/2014, Rol 4.727-2014, considerando 9°; Corte Suprema, 13/09/2017, Rol 19.256-2017, considerando 2°.

Además cabe destacar que, a partir del año 2014, la autoridad migratoria, siguiendo el criterio adoptado por la Corte Suprema en esta materia, reconoció que la interpretación de la norma constitucional adoptada por la autoridad administrativa era inadecuada y adoptó medidas administrativas para cambiar el criterio ya referido y dar a conocer esta modificación. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Clínica de Inmigrantes de la Universidad Alberto Hurtado, la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, el Servicio Jesuita Migrante (SJM) y el INDH, en base a un levantamiento de casos realizado durante el año 2015, presentaron una reclamación de nacionalidad ante la Corte Suprema en representación de 167 personas en esta situación. Este reclamo fue resuelto mediante una audiencia de conciliación, que permitió restituir el derecho vulnerado a las personas titulares de la acción.

En el acta de conciliación se constató que “respecto de las ciento sesenta y siete personas mencionadas en estos autos con anotación “Hijo de Extranjero Transeúnte, art 10 N° 1 de la Constitución Política del Estado”, se ha eliminado tal anotación de sus respectivos registros de nacimiento y, en consecuencia, se les reconoce a todos ellos la nacionalidad chilena”.


¿Qué han recomendado los órganos de tratado al Estado de Chile este semestre?

II Informe periódico de Chile ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares


Sistema Interamericano

Opinión Consultiva sobre “Enfoques diferenciados en materia de Personas Privadas de Libertad”

Análisis

  • Metodología 

Para identificar los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de Chile que se hubieran pronunciado respecto a la situación de vulneración del principio de igualdad y no discriminación de personas privadas de libertad que se encuentren en situación especial de riesgo, se efectuaron dos tipos de búsquedas:

  1. Interna: se solicitó al Centro Documental del Poder Judicial (CENDOC) la remisión de jurisprudencia en la materia, de la segunda y tercera sala de la Corte Suprema, sin fecha determinada, con sus respectivos fallos de Corte de Apelaciones. La base de datos recibida constaba de un total de 566 fallos. Una vez recibida la base de datos se procedió a filtrarla de acuerdo al tipo de recurso conocido por el tribunal supremo, a fin de centrar la revisión en los recursos de protección y amparo. Luego de la revisión del total de fallos se seleccionaron para su análisis 8 sentencias, puesto que del universo, éstos eran los únicos que se pronunciaban sobre temáticas asociadas al principio de igualdad y no discriminación de personas privadas de libertad en situación de especial riesgo. 
  2. Externa: para extender la búsqueda y, en vista de que los fallos recabados internamente no se contaba con fallos relativos a personas LGBT ni de niños, niñas que viven con sus madres en prisión, se efectuó una revisión bibliográfica en línea a fin de vislumbrar aquellos fallos destacados en la academia, lográndose identificar 2 en materia de personas LGBT, 3 respecto a personas indígenas y 1 sobre personas mayores, todos estos dictados por los tribunales superiores de justicia. 

Cabe mencionar que con la finalidad de ahondar en el entendimiento de la jurisprudencia en la materia, se procedió a revisar además los fallos de las Cortes de Apelaciones que dieron lugar a las causas identificadas y falladas por la Corte Suprema.

En base a las búsquedas efectuadas, se recabaron un total de 28 fallos dictados por la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones de acuerdo a la siguiente distribución:

Grupo en situación de especial riesgo Total
Embarazadas, en periodo de posparto y lactantes 4
Niños, niñas que viven con sus madres en prisión 1
Personas LGBT 4
Personas indígenas 13
Personas mayores 6
Total 28

Finalmente, el caso de niños y niñas que viven con sus madres en prisión se revisará en forma conjunta con uno de los fallos identificados en materia de embarazadas, periodo de posparto y lactancia. 

  • Análisis de jurisprudencia
  • Mujeres embarazadas, en periodo de posparto y lactantes

En lo que respecta a jurisprudencia relacionada con mujeres embarazadas, en periodo de posparto y lactantes en privación de libertad, se lograron identificar 2 fallos emitidos por la Corte Suprema en los cuales, a grandes rasgos, la afectación denunciada decía relación con una negligente atención médica prenatal, inadecuada alimentación y entrega de fármacos y colocación de grilletes en la atención médica y/o parto:

La sentencia dictada por la Corte Suprema se pronuncia sobre la apelación de un recurso de amparo dictado por la Corte de Apelaciones de Concepción. En esta ocasión se denunció a la Corte que la amparada, una comunera mapuche que se encontraba privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Arauco, había sido víctima de coerción ilegítima, por mantenerla engrillada durante el proceso de parto. La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso, por estimar que había perdido oportunidad. 

La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso, argumentando que el uso de grilletes constituyó una forma de represión y sujeción que resultaba improcedente, la cual, atendidas las circunstancias, resultaba también degradante, dado que la medida resultaba a todas luces innecesaria, atendido el estado de salud de la afectada. Se estableció que se vulneró también su derecho a una vida libre de violencia y se ejerció contra ella una discriminación en su condición de mujer y por su pertenencia a una comunidad mapuche. 

  • Niños y niñas que viven con sus madres en prisión

En lo que respecta a jurisprudencia relacionada con niños, niñas que viven con sus madres en prisión, se logró identificar 1 fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Concepción, el cual no cuenta con pronunciamiento de la Corte Suprema, pues la sentencia no fue recurrida. Aquí la afectación denunciada dice relación con el derecho a la seguridad personal:

Este recurso de amparo se vincula con el recurso previamente comentado, respecto de la comunera mapuche que fue obligada a realizar su proceso de parto engrillada (Corte Suprema Rol N°92.795-2016), pues fue presentado en favor de su hija recién nacida.

En este caso, se denunció una vulneración a su seguridad personal, puesto que se estaría interrumpiendo el contacto permanente que la niña debe tener con su madre, para su crianza y apego, pues se habría realizado “una indebida extensión de los efectos de la pena a una persona distinta de la condenada, en este caso, sobre Sayén, amén, además, que la seguridad de la menor depende absolutamente del contacto que mantenga con su madre”. La Corte rechazó el recurso por considerar que no se encontraba acreditado ningún hecho que pudiera constituir una afectación al derecho alegado.

  • Personas LGBT

En lo que respecta a jurisprudencia relacionada con personas LGBT privadas de libertad, se lograron identificar 2 fallos emitidos por la Corte Suprema en los cuales, a grandes rasgos, la afectación denunciada decía relación con el no reconocimiento de la identidad de género de personas trans y con actos de violencia física/psicológica en su contra:

La Corte Suprema se pronuncia respecto de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en la cual se acogió un recurso de protección presentado en favor de tres mujeres transgénero. En éste se alegó, en términos generales, una vulneración a su identidad de género, al no ser tratadas por el personal penitenciario conforme a ellas. En particular, se denunciaron malos tratos y hostigamientos por parte de estos, especialmente durante la realización de un procedimiento de seguridad, en el cual las recurrentes de protección recibieron golpes, fueron obligadas a mostrar sus senos y se les realizó una revisión de su ano.

La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, estableciendo el deber de Gendarmería de Chile de tratar a las recurrentes por su nombre social, de que las revisiones corporales que se realicen por su personal se limiten a una inspección táctil y superficial, por tanto, de ser necesarias otro tipo de revisiones estas deberán ser realizadas por personal de enfermería. 

La Corte Suprema se pronuncia sobre la apelación a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que conoció un recurso presentado en favor de una mujer transgénero debido a las vulneraciones sufridas durante la realización de un procedimiento de seguridad. En su sentencia, dicho tribunal ordenó que, junto con el deber de que la recurrente fuese tratada por su nombre social, las medidas de seguridad que se le practicaren debían realizarse por personal femenino de enfermería, en presencia de personal del mismo sexo de Gendarmería, cuando no existan otros medios menos invasivos.

  • Personas indígenas

En lo que respecta a jurisprudencia relacionada con personas indígenas privadas de libertad, se lograron identificar 6 fallos emitidos por la Corte Suprema y 1 emitido por la Corte de Apelaciones de Temuco en los cuales, a grandes rasgos, las afectaciones denunciadas dicen relación con la imposibilidad de preservar su identidad cultural, la repercusión negativa del encarcelamiento en su ámbito comunitario y contravención del artículo 10 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo:

Con fecha 18 de mayo de 2010 la Corte Suprema en causa Rol N°3.918-2010 confirmó la sentencia apelada de fecha 18 de mayo de 2010 dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco en causa Rol N° 343-2010, en la cual se rechazó el recurso de protección presentado por diversos Lonkos  del pueblo Mapuche, en favor de la Lonko Juana Rosa Calfunao Paillalef y en contra de la resolución emanada de la Jefe de Unidad del Centro Penitenciario Femenino de Temuco que respondió en forma negativa a la solicitud de salida formulada por la Lonko Calfunao, acto que argumentan constituye una privación, perturbación o amenaza a los derechos de los pueblos originarios, plasmados en los Tratados Internacionales, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la O.I.T. y de la Constitución y las leyes que consagran, en su artículo 19.

El recurso de protección presentado fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Temuco pues, en opinión de este tribunal, por parte de la recurrida no existió un acto ilegal ni arbitrario, toda vez que actuó de conformidad a sus facultades, ateniéndose estrictamente a la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y a su Reglamento.

Con fecha 28 de agosto 2014 la Corte Suprema en causa N°22.437-2014 confirmó la sentencia apelada de fecha 24 de julio de 2014 dictada por la Corte de Apelaciones Temuco en causa Rol N° 1.655-2014, en la cual se rechazó el recurso de protección presentado por diversas personas pertenecientes al pueblo Mapuche en favor de su Comunidad y del Machi Celestino Córdova, en contra del Estado de Chile, Gendarmería de Chile y el Juzgado de Garantía de Temuco, por graves vulneraciones de las garantías constitucionales de los números 1, 2 y 6 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; esto debido a que, en primer lugar, en el proceso penal y en la fase de ejecución de la pena no se dio reconocimiento a Celestino Córdova de su condición de   machi, autoridad espiritual y política de su pueblo y comunidad, y a su ascendencia mapuche; y en segundo lugar, se le denegó el traslado a otro centro penitenciario en el que podría mantener contacto con su comunidad y mundo espiritual. 

El rechazo del recurso por la Corte de Apelaciones de Temuco se sustenta principalmente en la inexistencia de perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. A mayor abundamiento, la Corte señala que según la apreciación de los antecedentes del recurso y las normas invocadas, todos los recurridos cumplieron con la normativa vigente tanto desde la perspectiva de su aplicación, como las actuaciones procedentes. 

Con fecha 27 de enero de 2015 la Corte Suprema en causa Rol N° 1.274-2015 confirmó la sentencia apelada de fecha 29 de diciembre de 2014 dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol N° 220-2014, en la cual se rechazó el recurso de amparo deducido en favor de una persona perteneciente al pueblo Mapuche, y en contra de resolución dictada por la Comisión de Libertad Condicional de Centro Penitenciario de Concepción que rechazó la libertad al amparado, transgrediéndose así, en opinión del amparado, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que dispone en su artículo 10 que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de pueblos indígenas o tribales, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Se destaca del fallo confirmatorio de la Corte Suprema su Considerando 7°, en el cual expresa, en relación a la alegación de vulneración del artículo 10 del Convenio N° 169 de la OIT, lo siguiente: 

“7° Que, finalmente, el artículo 10 del Convenio N° 169 de la OIT dispone que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de pueblos indígenas o tribales, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

El análisis de la legalidad de la negativa a otorgar la libertad condicional al amparado vinculado a este convenio internacional tiene dos aspectos; uno de ellos pasa por la revisión de una eventual infracción de una regla, caso en el cual es posible concluir que no se advierte ilegalidad en el actuar de la Comisión, por cuanto el momento en que fundamentalmente deben realizarse las consideraciones que la norma contempla es aquel en que se impone la condena, la que por su extensión -10 años y un día más 4 años- no permitió disponer su cumplimiento a través de una pena alternativa distinta del encarcelamiento. El segundo aspecto, que se liga al reconocimiento de las características económicas, sociales y culturales del pueblo originario a efectos de mutar la privación de libertad por el cumplimiento del resto de la pena en el medio libre, es una alegación formulada en estrados que no ha sido dotada de un contenido preciso puesto que se ha omitido explicar aquel ámbito de la cosmovisión de la etnia mapuche y de las creencias del amparado que podría verse afectado de continuar con su encarcelamiento, cuestión que estos sentenciadores tampoco advierten, de manera que no es posible hacer ninguna ponderación de las características que justificarían la decisión de otorgar la libertad condicional”.

Finalmente, cabe mencionar el voto de minoría del fallo del máximo tribunal, en el cual los Ministros disidentes estuvieron por revocar la sentencia apelada y en su lugar, acoger el amparo deducido, en razón a que, entre otras consideraciones, el amparado es una persona que forma parte de un pueblo indígena y por lo tanto aplica a su respecto el Convenio 169 de la OIT, el cual en su artículo 10 considera como un derecho vigente, incluso superior a la legislación interna, de acuerdo con lo previsto en el inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política, que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Con fecha 16 de mayo de 2018 la Corte Suprema, en causa Rol N° 8.641-2018, confirmó la sentencia apelada de 04 de mayo de 2018 dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco en la causa Rol N° 41-2018, en la cual rechaza el recurso de amparo deducido en favor del Machi Celestino Córdova, y en contra del Director Regional de Gendarmería de Chile de la Región de la Araucanía, por la negativa a la petición de salida del amparado, por el plazo de 48 horas, para renovar su rewe , con la finalidad de salvaguardar su vida, la que estaría en grave peligro por la imposibilidad de efectuar la ceremonia religiosa mapuche respectiva.

Los argumentos de la Corte de Apelaciones de Temuco dan cuenta de la legalidad del rechazo de la petición de salida del Machi Celestino Córdova, toda vez que para su negativa, esta fue establecida mediante resolución debidamente fundada por la autoridad penitenciaria competente, de conformidad con los artículos 96, 97, 109, 100, 101 y 102 del Reglamento de Establecimiento Penitenciario. En su Considerando 3°, la Corte de Apelaciones señala que este reglamento faculta a los jefes de establecimientos penitenciarios para autorizar los permisos de salida en determinados momentos y circunstancias.

Siguiendo esta línea de ideas, la Corte Suprema determina en sus Considerandos cuarto y quinto que la negativa al permiso de salida no es arbitraria, toda vez que fue fundada y apoyada en criterios establecidos previamente, valorando en concreto para este caso lo siguiente:

“CUARTO: (…) consideraciones relativas a que el condenado mantiene en la actualidad una conducta regular, ello en virtud a diferentes faltas al régimen interno, como así mismo no ha participado de las actividades ni oferta programática del establecimiento, requisitos fundamentales al momento de otorgar una salida de las características de las cuales se están solicitando, teniendo además en consideración la gravedad de la pena asignada al delito y el carácter de los mismos, toda vez que el usuario se encuentra condenado por un delito de Incendio con resultado de Muerte, cumpliendo actualmente una pena de 18 años.”.

La argumentación de la Corte finaliza haciendo presente que, en este caso, se explicitan la protección de otros bienes jurídicos en juego, como el factor de riesgo para el orden público; integridad psíquica y física del personal de Gendarmería y el condenado.

Cabe mencionar el voto de minoría del fallo de la Corte Suprema, el cual fue de opinión de acoger la acción constitucional de amparo, en razón a que, entre otras consideraciones, la privación de libertad no puede ser un impedimento para que el amparado pueda ejercer su costumbre ancestral, en la medida que su desarrollo no afecta el cumplimiento de la pena. Agrega que conviene recordar las observaciones del Subcomité para la prevención de la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos de las Naciones Unidas efectuadas a nuestro país en el año 2016, en orden a la necesidad de adoptar las medidas necesarias para que personas mapuche privadas de libertad, tengan acceso a sus tradiciones y costumbres culturales de acuerdo a los estándares internacionales vigentes en la materia.

Con fecha 13 de agosto de 2020 la Corte Suprema en causa Rol N° 94.210-2020 confirmó la sentencia apelada de fecha 30 de julio de 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco en la causa Rol N° 112-2020, en la cual se rechazó el recurso de amparo presentado en favor del Machi Celestino Córdova y en contra de la resolución de fecha 01 de julio de 2020, dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco, que rechaza amparo del artículo 95 del Código Procesal Penal mediante el cual se solicitó examinar las condiciones de privación de libertad, con especial consideración a la calidad de autoridad ancestral del amparado, a fin de adoptar, como medida para el restablecimiento del derecho, la sustitución de la pena privativa de libertad impuesta por la de arresto total en su rewe.

A mayor ahondamiento, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso deducido pues consideró que la resolución impugnada no era ilegal en tanto no vulnera los alcances de las facultades entregadas al juez de garantía por el artículo 95 del Código Procesal Penal; ni tampoco lo es arbitraria, en tanto la magistrado consideró la eventual afectación psicológica alegada dentro de sus argumentos. 

Por su parte, la Corte Suprema señala en su fallo confirmatorio:

“5° Que, de los antecedentes puestos en conocimiento de esta Corte no se desprende que la privación de libertad que afecta al amparado- poseedor del rango de “machi” desde antes de incurrir en el delito que motivó su condena- se enmarque en alguna de las hipótesis de ilegalidad reseñadas en el motivo precedente, lo que conduce a desestimar el recurso”.

Finalmente, se destaca el voto de minoría del fallo del máximo tribunal, en el cual se estuvo por acoger el recurso de amparo deducido, sólo en cuanto a dar lugar a la solicitud de Celestino Córdova en orden de permitirle visitar su rewe por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que pueda realizar allí sus prácticas de curación espiritual, sanación y orientación moral de su comunidad.

Con fecha 31 de diciembre de 2020 la Corte Suprema, en causa Rol N° 154.842-2020, confirmó la sentencia apelada de fecha 18 de diciembre de 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco en causa Rol N° 262-2020, en la cual se rechazó el recurso de amparo deducido en favor de una persona del pueblo Mapuche, y en contra de la Resolución de la Comisión de Libertad Condicional que denegó al amparado la libertad condicional, transgrediéndose así, en opinión del amparado, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que dispone en su artículo 10 que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de pueblos indígenas o tribales, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

El rechazo de la Corte de Apelaciones de Temuco al recurso de amparo se fundamenta en la negatividad del informe psicosocial elaborado por Gendarmería de Chile y que desprenden como antecedente a ser considerado por la Comisión de Libertad Condicional.

Por su parte, la Corte Suprema argumenta en favor de su decisión confirmatoria lo siguiente:

“Que no aparece del mérito de autos que la calidad de miembro de un pueblo originario del recurrente, así como sus características antropológicas y culturales, no hayan sido consideradas en la especie para resolver sobre su solicitud de libertad condicional, sin transgredirse por tanto la normativa internacional y nacional sobre la materia contenida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Ley N° 19.253; y que, con todo, la aplicación de dicha normativa no puede significar un trato preferente para el penado si no se reúnen las condiciones que demuestren avances en su proceso de reinserción social, como preceptúa el artículo 1° del Decreto Ley N° 321”.

Con fecha 25 de marzo de 2021 la Corte de Apelaciones de Temuco, en causa Rol N° 33-2021, acogió el recurso de amparo deducido en favor de tres personas del pueblo Mapuche y en contra de Gendarmería de Chile, en razón a que las condiciones de privación de libertad y seguridad individual de los amparados se han visto vulneradas con ocasión del actuar ilegal y arbitrario del Alcaide del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol, el que estima ha infringido la normativa legal, constitucional, internacional y reglamentaria que rige al respecto. A mayor ahondamiento, el Alcaide del CDP Angol no accedió a la solicitud efectuada por los comuneros relativa a autorizar el ingreso de un/a Machi a examinarlos y tratarlos debido a los episodios de mareos y vómitos sanguinolentos que los afectaban debido a la extensa huelga de hambre líquida que se encontraban efectuando. 

El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo sólo en cuanto se dispone que el CDP de Angol debe autorizar el ingreso de la o el Machi a fin de visitar a los amparados. Al respecto cabe destacar el Considerando Séptimo del fallo que dispone:

“SEPTIMO: Que de esta manera, no cabe sino concluir que la negativa por parte de Gendarmería de ingresar al Machi al Centro de Detención Penitenciaria de Angol efectivamente constituye un actuar contrario a derecho, toda vez que la función de dicha autoridad del pueblo mapuche es con fines medicinales y curativos, y no la mera visita, siendo dicho actuar, por tanto, contrario a su propia función de velar por la vida e integridad de los internos, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, en relación, además, al artículo 3 y 4 del Convenio 169 de la O.I.T.”.

Cabe mencionar que este fallo no fue apelado ante la Corte Suprema, certificándose su ejecutoría con fecha 07 de abril de 2021.

  • Personas mayores

En lo que respecta a jurisprudencia de personas mayores privadas de libertad, se lograron identificar 2 fallos emitidos por la Corte Suprema en los cuales, a grandes rasgos, las afectaciones denunciadas dicen relación con el hecho mismo de ser el denunciante una persona mayor cumpliendo condena en cárcel, y por otro lado, por complicaciones de salud. 

Cabe mencionar que las personas mayores denunciantes en los fallos adjuntados se encontraban todas cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad en una Unidad Penal Especial ("Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco"). 

Con fecha 19 de marzo de 2018 la Corte Suprema, en causa Rol N° 843-2018, confirmó la sentencia apelada de 21 de diciembre de 2017 dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco en causa Rol N° 70.047-2017, en la cual se rechazó el recurso de protección deducido en favor de una persona mayor de edad condenada por crímenes de lesa humanidad, y en contra del entonces Ministro en visita extraordinaria don Mario Carroza Espinosa, por haber dictado una resolución ilegal y arbitraria, que le habría provocado al recurrente una privación o perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las personas, así como la igualdad ante la ley.

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso presentado expresando en su Considerando noveno:

“Noveno: Que de lo que se viene analizando ha de concluirse que la ausencia de normas imperativas o estándares internacionales que establezcan que el simple paso del tiempo o la vejez autorice a que las personas condenadas a penas privativas de libertad puedan cumplir la pena impuesta en régimen domiciliario bajo la tutela familiar, el recurso debe ser rechazado.”

Siguiendo esta línea de argumentación, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia apelada, manifestando en el Considerando Séptimo del fallo que: 

“Séptimo: No hay tampoco normas en el derecho internacional humanitario que vincule en forma directa o sea autosuficiente para que los sentenciadores hubieren tenido que aplicar para acceder al cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta al señor Aravena en su domicilio, en razón únicamente de su edad (...).”

Se destaca el voto de minoría del fallo de la Corte Suprema, en el cual los Ministros que lo suscribieron fueron del parecer de acoger el recurso de protección impetrado en razón de que, entre otras consideraciones, la comunidad internacional reprocha la privación de libertad de los adultos mayores, por su alta edad, así como también prohíbe expresamente -como se plasma manifiestamente en instrumentos internacionales y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos- los sufrimientos físicos y psíquicos.

Con fecha 22 de marzo de 2018 la Corte Suprema, en causa Rol N° 2.490-2018, confirmó la sentencia apelada de fecha 23 de enero de 2018 dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° 77.815-2017, en la cual se rechazó el recurso de protección deducido en favor de una persona mayor de edad condenada por crímenes de lesa humanidad, y en contra del Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, de Gendarmería de Chile, por negarle el derecho a salida dominical, afectando con ello las garantías constitucionales consagradas en los números 1, 2 y 6 del artículo 19 de la Constitución Política. Expone que la denegación de salida dominical afecta una serie de garantías constitucionales entre ellas la protección del adulto mayor contemplada en la Convención Interamericana, al someterlo a tratos inhumanos y crueles, como seguir manteniéndolo privado de libertad, pese a su avanzada edad.

En lo sustancial, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso presentado en razón a lo expuesto en el Considerando tercero del fallo:

“Tercero: Que no se controvierte por el recurrente que la normativa aplicable es la mencionada en el informe de la recurrida, por lo que una primera conclusión que es posible obtener, es que la autoridad actuó en el ámbito de sus facultades legales. Debe destacarse que en conformidad al artículo 96 antes citado, el cumplimiento de los requisitos formales sólo da derecho al interno a solicitar el permiso de salida correspondiente, en tanto que su concesión dependerá de los otros factores que esta norma señala (...)”.

Por su parte, los motivos de la Corte Suprema para confirmar la sentencia apelada dicen relación con la actuación de la autoridad penitenciaria, estableciendo que ésta actuó dentro de sus facultades y conforme a la normativa vigente según prescribe el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. 

Finalmente, en voto de minoría del fallo del máximo tribunal, se estuvo por revocar la sentencia apelada y en su lugar acoger la acción constitucional, puesto que, a su juicio no parece prudente, humanitario ni justo extremar las medidas de restricción de libertad del encartado, privándole del beneficio de salida dominical solicitado, fundado en una exigencia subjetiva que perturbe su libertad de conciencia y vulnere sus derechos constitucionales.

Con fecha 25 de marzo de 2019 la Corte Suprema, en causa Rol N° 7.518-2019, confirmó la sentencia apelada de fecha 18 de marzo de 2019 dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en la causa Rol N° 91-2019, en la cual se rechazó el recurso de amparo deducido en favor de una persona mayor condenada por crímenes de lesa humanidad, y de las resoluciones dictadas por la Ministra en Visita Extraordinaria doña Marianela Cifuentes que le denegaron el beneficio de libertad provisional.

A mayor ahondamiento, la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso amparo en razón que:

“Sexto: (…) las resoluciones materia del presente recurso extraordinario han sido dictadas por tribunal competente, dentro de sus facultades legales y en mérito de los elementos debidamente ponderados por la Ministro investigadora, razón por la cual estos sentenciadores concluyen que el recurso de amparo no es la vía adecuada para impugnar una resolución dentro del trámite normal de un procedimiento penal, seguido de acuerdo a las normas del Código del ramo.”.

Por su parte, la Corte Suprema si bien confirmó el fallo apelado, actuando de oficio expresó que:

“(…) teniendo en consideración que la avanzada edad del amparado y su delicado estado de salud, hacen improbable presumir que ponga en peligro la seguridad colectiva en caso de obtener su excarcelación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, se decreta la libertad provisional del amparado(…).”.

Colección Jurídica: Acceso a la justicia de personas privadas de libertad: http://decs.pjud.cl/coleccion-juridica-acceso-a-la-justicia-de-personas-privadas-de-libertad/

¿Qué han resuelto los órganos del sistema interamericano respecto del Estado de Chile en este semestre?


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