Con fecha 15 de octubre de 2020, en el marco de la ejecución del estudio licitado “Necesidades Jurídicas y Cursos de Acción del Ciudadano” (ID: 425-46-LQ19), a cargo de la Pontificia Universidad Católica, se llevó a cabo un segundo panel de expertos que discutió acerca de las materias abordadas en el Estudio.

La actividad, contó con la participación de: (i) Director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas; (ii) Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Renée Riveros; (iii) abogado e investigador de la Universidad de Diego Portales, Ricardo Lillo; (iv) y abogada e investigadora en el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia de Colombia, Carolina Villadiego.

A cada uno de los expertos se le envió un resumen ejecutivo del estudio con los principales resultados de la “Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas y cursos de acción ante las barreras de acceso a la justicia” que fue aplicada durante los meses de enero y febrero del año 2020 a más de 4.200 encuestados de manera presencial. La actividad se estructuró en dos bloques, en el primero, cada uno de los expertos comentó los resultados de acuerdo a su conocimiento en temáticas como Reforma Procesal Civil, formación y perfeccionamiento de jueces, reformas procesales y litigación, y justicia civil en pequeñas causas o de menor complejidad. Posteriormente, se trataron temáticas relativas a recomendaciones dirigidas al Poder Judicial para promover el acceso a la justicia en base a los temas discutidos en la etapa anterior.

Sobre este último tema, las recomendaciones se concentraron en tres áreas. La primera, vinculada a la aplicación de encuestas de este tipo y su relevancia para el diseño de políticas públicas sobre reformas a la justicia, en donde validaron la técnica y metodología utilizada, e invitaron a continuar desarrollándolas con algún tipo de periodicidad para así dilucidar qué necesidades jurídicas tiene la población. En un segundo eje temático se concentraron las ideas de fortalecer la labor de orientación que brinda el PJUD, considerando los resultados de la Encuesta Nacional sobre la asesoría que buscan las personas, y la reciente política de atención de usuario que rige a la institución hace no más de un año.

Un tercer grupo de recomendaciones se vincula con la anterior y tiene relación con el uso de tecnologías para generar plataformas amigables para que la ciudadanía pueda acceder a distintos trámites del Poder Judicial. Justamente desde orientación e información general, por una parte, y de tramitación o inclusive de un tribunal en línea para determinados casos, como por ejemplo, juicios de arriendo o remates online, en otro sentido. Lo central para los expertos es que estos desarrollos e innovaciones deben tener el foco en el usuario pues el PJUD ya ha avanzado en temas internos como la tramitación electrónica.