Con talleres de difusión en las jurisdicciones de San Miguel, Valparaíso, Talca y Rancagua se dio por concluido el estudio “Modelo Orgánico para la Nueva Justicia” licitado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema y adjudicado a la Pontificia Universidad Católica.

La bases contemplaron específicamente como requisito que el estudio fuera realizado con un carácter multidisciplinario y considerara la mirada de distintas disciplinas de las ciencias sociales para dotar al estudio de aspectos mas allá de lo meramente jurídico. Fue así como en el equipo participaron profesores de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y Administrativas de dicha casa de estudios los que incorporaron la econometría en el estudio. El equipo que trabajó fue integrado por Rodrigo Delaveau Swett, quien fue el jefe del proyecto, Marcos Singer González, Nicolás Frías Ossandón, Garo Konstantinidis Lotikyan, Álvaro Paúl Díaz, David Preiss Contreras, Antonio Aninat Versluys, Patricia Isa Valencia y Olivia Mullins Pardo.
El objetivo general de la asesoría consistió en “evaluar el impacto de las reformas legales y la especialización en el modelo de administración de justicia del Poder Judicial”, analizando sus efectos sobre la gestión administrativa, el ejercicio de la labor jurisdiccional, la resolución de conflictos, la satisfacción de necesidades jurídicas y la efectivización de derechos, considerando especialmente los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva” .
A su vez, dicho objetivo general fue desarrollado en los siguientes objetivos específicos :
  • Identificar los estándares normativos de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho nacional relacionados a la estructura y organización del modelo orgánico de justicia, la especialización de los tribunales y los derechos fundamentales de las personas que intervienen en dichos procedimientos.
  • Construir indicadores, a partir de los estándares normativos de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho nacional, que permitan evaluar el impacto del modelo orgánico de justicia en la satisfacción de necesidades jurídicas y la efectivización de derechos de quienes participan en los procesos.
  • Identificar las fortalezas y debilidades del funcionamiento administrativo de los distintos tipos de Tribunales.
  • Evaluar el impacto generado por los distintos tipos de Tribunales en la resolución de conflictos, la satisfacción de necesidades jurídicas y la efectivización de derechos de las personas que participan de estos procedimientos.
  • Proponer medidas de mejora al modelo orgánico de justicia y la administración de los Tribunales, para avanzar en la adecuada resolución de conflictos, la satisfacción de necesidades jurídicas y la efectivización de los derechos de las personas, identificando sus ventajas y desventajas, su eventual impacto en los indicadores definidos anteriormente y la naturaleza de estas medidas, indicando en particular si ellas requieren de alguna modificación legal.