El Pleno del máximo tribunal, mediante Oficio N° 26-2018, de 31 de enero de este año, emitió su opinión sobre el proyecto de ley que regula el recurso de protección y deroga la Ley N° 18.971, que regula el recurso denominado de amparo económico, mencionando todos aquellos proyectos de ley que han propuesto regular el recurso de protección y sobre los cuales ha recaído la opinión de la Corte Suprema.

Asimismo, menciona los pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto de la competencia de la Corte Suprema para regular el recurso de protección mediante auto acordado. Al respecto, la Corte hace presente que dicho Tribunal “ha declarado en reiteradas ocasiones que la Corte  Suprema detenta legitimidad para dictar el Auto Acordado y que el texto del mismo es íntegramente consistente con la Constitución”[1].

Por otra parte, el Pleno del máximo tribunal, señala que “el reconocimiento directo de la facultad de la Corte Suprema de dictar autos acordados está contenido en el artículo 82 de la Constitución, que establece que el máximo tribunal “tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación”. Esta norma consagra la autonomía normativa de la Corte Suprema, expresada a través de sus autos acordados”[2].

A modo ejemplar, la Corte expresa que, en virtud de sus facultades conservadoras, ha dictado autos acordados para regular materias donde no existía procedimiento alguno, como el recurso de amparo y el de inaplicabilidad, reclamo de nacionalidad, reclamo de constitucionalidad previsto para toda persona que hubiera sido injusta o erróneamente privada de libertad. Ninguno de estos ordenamientos, agrega la Corte, “ha sido cuestionado de la manera que se hace respecto al recurso de protección, no obstante que tanto aquéllos, como éste, tienen un sentido semejante y obedecen al mismo fin principal: hacer efectiva la tutela de los derechos fundamentales”[3].

En este orden de ideas, la Corte manifiesta que “no es posible aceptar el entredicho en que se intenta poner el resultado del necesario ejercicio de las facultades conservadoras por parte de la Corte Suprema, en cumplimiento de un mandato constitucional y de innegable trascendencia dentro de la jurisdicción”[4].

Luego, la Corte se pronuncia acerca de la regulación propuesta, en materia de prueba, legitimación activa y la posibilidad de recurrir en favor de intereses colectivos y difusos; legitimación pasiva; procedencia del recurso contra grupos de personas y resoluciones judiciales; principios que rigen el recurso de protección –bilateralidad de la audiencia, celeridad y oficiosidad-; notificación; plazo para interponer el recurso; sentencia y otras resoluciones; orden de no innovar; tribunal competente para conocer el recurso, examen de admisibilidad, entre otras materias.

En relación al recurso de amparo económico, la Corte Suprema, señaló que “Atendido el origen y finalidad eminentemente política con la que fue concebido el denominado recurso de amparo económico, esta Corte no puede menos que concordar en la pertinencia de su derogación. Un recurso como éste, lo mismo que otras acciones de tutela sectoriales previstas en el ordenamiento no hace sino debilitar  las acciones jurisdiccionales, entorpeciendo su preeminencia en la protección de los derechos fundamentales”[5].

La decisión de informar favorablemente la derogación del recurso de amparo económico, no es unánime, pues en opinión de la ministra Sra. Sandoval, “cabría preguntarse si resulta necesaria una consagración especial del mismo, atendidos los fines originales que éste perseguía y en el entendido que la garantía que resguarda, el artículo 19 N° 21, ya se encuentra incorporada en aquellas contempladas en el recurso de protección, así como también si se justifica contar con una acción popular para la protección de este derecho y un plazo ampliamente superior al contemplado para el resto de las garantías protegidas por las acciones constitucionales que se analizan”[6].

Por su parte, el ministro Sr. Cerda, estuvo por informar favorablemente el proyecto de ley, debido a que viene a llenar un vacío legislativo que, “no puede entenderse legítimamente suplido con el Auto Acordado de la Corte Suprema, de 17 de julio de 2015 […]”[7].

[1] Oficio N° 26-2018, considerando Cuarto.

[2] Ibíd, considerando Quinto.

[3] Ibíd, considerando Sexto.

[4] Ibíd, considerando Sexto.

[5] Oficio N° 26-2018, considerando Vigésimo primero.

[6] Ibíd.

[7] Ibíd.