El Pleno del máximo tribunal reunido en sesión de fecha 18 de febrero de 2019, emitió su parecer sobre el proyecto de ley que prohíbe y sanciona la entrega y utilización de bombillas plásticas no degradables en el comercio, iniciado por moción parlamentaria.

La iniciativa legal se inserta en la idea que los plásticos de un solo uso no son una opción inteligente desde los puntos de vista económico y ambiental, en particular, se destacan las nocivas consecuencias del uso de las pajitas o bombillas plásticas, que “se fabrican en un minuto, se usan durante 15 minutos y tardan más de 200 años en descomponerse”, por lo demás, éstas no son reciclables ni biodegradables.

Conforme al proyecto, la prohibición en cuestión se dirige en contra de los establecimientos de comercio, aspecto respecto del cual el máximo tribunal sostiene que puede resultar necesario precisar para impedir que, en la aplicación de la sanción respectiva, consistente en multa, se pueda confundir al propietario del establecimiento con sus dependientes, toda vez que estas últimas son más fáciles de identificar –en la fiscalización respectiva-.

La Corte Suprema también releva el hecho que, dado que lo sancionado son hechos consumados (“utilización” y entrega” de bombillas), se deja en imposibilidad de castigar e incautar aquellas destinadas a su utilización o entrega y que puedan encontrarse en el establecimiento de comercio.

En el mismo sentido, la Corte advierte la necesidad de precisar si la prohibición y sanción subsecuente alcanza a quien produce, fabrica, importa o tiene en su poder bombillas plásticas, aun cuando no estén destinadas a la utilización o entrega inmediata.

Un punto que concitó interés del máximo tribunal fue la distinción que debe hacerse al calificar como degradable o biodegradable al plástico, en que, asumiendo que la iniciativa alude a lo degradable (lo que se puede degradar, simplemente), los propósitos de la misma se vinculan, en realidad, con lo biodegradable (lo que puede degradarse de forma natural, resultando en compost, que es utilizado como abono), y que dada la dificultad de identificar uno u otro, es recomendable seguir una estrategia regulatoria de prohibir todo plástico, tal como en la ley N° 21.100.

Respecto de la sanción aplicable –de multa de hasta 10 UTM-, la Corte sugiere que el proyecto considere variables o criterios que el juez pueda utilizar para determinar el monto efectivo de la multa dentro del rango legal permitido, los que, en aras del principio de igualdad, debieran homologarse a los previstos en la ley N° 21.100.

En una consideración general, el máximo tribunal estimó que lo ideal sería contar con una ley marco respecto de los productos plásticos o no biodegradables por la que se considere apropiado restringir o prohibir su fabricación, importación o entrega por el comercio, teniendo en cuenta la ley N° 20.920, sobre responsabilidad extendida del productor, que debiera ser el eje principal de regulación en estas materias.