El Pleno del máximo tribunal, mediante Oficio N° 34-2018, de 27 de febrero de este año, emitió su opinión sobre el proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.019, que Regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, en materia de fiscalización, de conflictos de interés, y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas, específicamente respecto del nuevo contencioso administrativo que crea la iniciativa legal.

Al respecto, reitera lo señalado en otras ocasiones, expresando que: “Respecto de los procedimientos de lo contencioso administrativo, la opinión de la Corte Suprema ha quedado plasmada en su Acta 176-2014, en el sentido de tender hacia una mayor uniformidad en la tramitación de las acciones de reclamación administrativas. En ese afán, “(…) se propone entregar la competencia de los procesos contenciosos administrativos especiales, en primera instancia, a las Cortes de Apelaciones que correspondan según las reglas generales, debiendo tramitarse las respectivas causas de acuerdo al procedimiento de ilegalidad municipal contemplado por el artículo 151 letras d) a i) del D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades” . En este sentido, el proyecto de ley en comento es coherente con el parecer del Máximo Tribunal, toda vez que entrega a las Cortes de Apelaciones la competencia de primera instancia para conocer del procedimiento”[1].

También reitera su parecer en cuanto a la preferencia del recurso de reclamación para su vista y fallo.

Por último, la Corte hace presente las diferencias que advierte entre el contencioso administrativo que establece el proyecto y el que la propia Corte ha sugerido al legislador usar como modelo, esto es, el de ilegalidad municipal contemplado en las letras d) a i) del artículo 151 del D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio del Interior, manifestando que “Entre esas diferencias están, por ejemplo, el plazo con que cuenta el reclamante para impugnar la decisión de la autoridad administrativa, término que en el proyecto es de diez días, mientras que el procedimiento el de ilegalidad municipal es de quince; la posibilidad de que la Corte de Apelaciones decrete una orden de no innovar, cuestión que no se encuentra presente en el proyecto, mas sí en el procedimiento el de ilegalidad municipal; el plazo de la autoridad administrativa para evacuar traslado del reclamo, que en el proyecto es de seis días, mientras que en el mencionado D.F.L. es de diez días; el término probatorio, que en este último está regido por las reglas de los incidentes del Código de Procedimiento Civil, mientras que en el proyecto solo se establece su duración, la que no podrá exceder de los seis días[2].

[1] Oficio N° 34-2018, considerando Séptimo.

[2] Ibíd., considerando noveno.

 

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