El Pleno del máximo tribunal reunido en sesión de fecha 12 de octubre de 2018, emitió su opinión sobre el proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial, en sus aspectos orgánicos funcionales, iniciado por mensaje presidencial.

La iniciativa legal pretende reformar el sistema de nombramiento y fiscalización de notarios, conservadores y archiveros, moderniza la actividad que ellos realizan, crea la figura de los fedatarios e introduce el folio real en los Conservadores de Bienes Raíces.

En lo que se refiere al nuevo sistema de nombramiento de notarios y conservadores propuesto, la Corte manifestó su conformidad con la regulación propuesta, cuya innovación más sustancial consiste en sustraer esa facultad del Presidente de la República y radicarla en el Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros, órgano colegiado que se crea integrado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, un decano de una Facultad de Derecho y un miembro del Consejo de Alta Dirección Pública.

En materia de creación de nuevos oficios de notarios y conservadores, se estima positivo que se incluya como sujeto informante para tomar tal decisión, a la Fiscalía Nacional Económica, aunque se considera pertinente mantener la exigencia de informe favorable de la Corte de Apelaciones respectiva en el referido proceso.

El máximo tribunal no comparte la eliminación de las categorías dentro de las series del escalafón secundario, dado que dicha estructuración se justifica por la complejidad de los asuntos que se ventilan en los diversos territorios jurisdiccionales y permite la operatividad de la carrera funcionaria.

Se expresó que no se indican cuáles las razones para establecer como término de funciones de los notarios a los 21 años de ejercicio, y especialmente que no se mencione una decisión respecto de quienes actualmente desempeñan el oficio.

El tribunal observa la conveniencia de introducir en la regulación del régimen del personal que labora en los oficios de notarios y conservadores, con el propósito de precaver las dificultades que se han advertido en la práctica, al estimarlos personal del oficio y/o dependientes del funcionario, para los efectos de la celebración de los contratos colectivos.

En cuanto al nuevo modelo de fiscalización de notarios, conservadores y archiveros, que se radica en los fiscales judiciales, la Corte lo estima positivo, pues permite redestinar a la función jurisdiccional el tiempo y recursos que actualmente emplean para tal tarea los jueces y ministros de Cortes de Apelaciones. También se estima correcto potenciar la fiscalización mediante la utilización de tecnologías telemáticas y auditorías externas anuales.

En materia de régimen disciplinario aplicable a notarios y conservadores, se indica la inquietud respecto de la adecuación de la normativa propuesta con la garantía del debido proceso.

La modernización de los oficios es una decisión que se celebra, especialmente la obligación de que las funciones de registro se efectúen de manera electrónica y la creación de archivos o repositorios digitales accesibles.

Por último, sobre la figura del fedatario, quien cumplirá las funciones notariales que no conllevan obligación de registro, entre otras cuestiones, se advierte lo exiguo de los requisitos que se imponen a dichos ministros de fe lo que podría afectar en la calidad del servicio que presten y una potencial pérdida de confianza sobre su actuar; y que, a diferencia de los notarios y conservadores, su nombramiento se radique exclusivamente en el Poder Judicial.