La investigación denominada «Colección de extradiciones pasivas» de la Corte Suprema, es el resultado de un trabajo conjunto llevado adelante por la Dirección de Estudios y la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema.

La investigación lanzada el día de hoy, constituye el primer esfuerzo de sistematización de la jurisprudencia sobre extradiciones pasivas, y pretende entregar un análisis global sobre las temáticas que han resultado de importancia y discusión dentro de la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena, en materia de extradición pasiva, en el período 2005 – 2017.

El análisis cuantitativo da cuenta de la dispersión de nacionalidades y Estados que participan como solicitantes o requeridos, en las causas abiertas ante la Corte Suprema durante el período. Asimismo, demuestra el progresivo aumento de Ministros y Ministras instructores de causas de extradición, a partir de la reforma a las competencias en primera instancia, introducidas por la dictación del Código Procesal Penal a mediados de 2005. Lo mismo se evidencia en la relación inversamente proporcional del uso de los procedimientos criminal antiguo y reformado, para la tramitación de las extradiciones; observándose una relativa estabilidad en los ingresos anuales de este tipo de causas ante el máximo tribunal.

Por su parte, el análisis cualitativo descriptivo de la jurisprudencia dictada en el período, da cuenta de los principales temas que se suscitaron en la tramitación de estos procedimientos, entre los que se destacan: el concepto de extradición, los requisitos de la extradición; los principios de derecho internacional, los Tratados de extradición y subsidiariedad del derecho internacional; el sujeto pasivo de la extradición (o el extraditado), y los límites de la competencia de la Corte Suprema en materia de extradiciones. Asimismo, y quizás dentro de los temas más saturados de jurisprudencia, se realzan las discusiones sobre doble incriminación, mínima gravedad y non bis in ídem, las excepciones al principio de territorialidad –entre las que se cuentan la entrega diferida de imputados, la no obligación de entregar a sus nacionales de que gozan los Estados, y la posibilidad de ejecución de las penas impuestas en un Estado extranjero, dentro del territorio nacional-; los estándares mínimos de convicción; y finalmente, la prescripción y el concurso de extradiciones.

Todos estos temas han tenido un tratamiento bastante estable por parte de los Ministros instructores a lo largo del tiempo, con excepción de los estándares mínimos de convicción, donde se observan algunas divisiones en la forma de evaluar los umbrales probatorios que hacen procedente la solicitud de extradición.

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