El Poder Judicial (PJUD) inició un proceso de evaluación de riesgos psicosociales con el objetivo de medir el impacto que genera el trabajo sobre la calidad de vida de sus colaboradores y tomar medidas que mitiguen factores que podrían estar afectando negativamente a la organización. Esto considerando el hecho de que actualmente, se espera que el trabajador esté dispuesto a afrontar mayores niveles de exigencia e incertidumbre en una economía cada vez más dinámica y acelerada, lo que exige una mayor capacidad de adaptación frente al constante cambio, y a su vez, mantener determinados niveles de creatividad, proactividad y compromiso con la organización, a veces incluso a costa de la vida personal, generando riesgos para la salud.

Entre los años 2007 y 2009 la Superintendencia de Seguridad Social, en conjunto con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e Instituto de Salud Pública y Dirección del Trabajo, validaron el Cuestionario SUSESO/ISTAS21, instrumento que será aplicado en el PJUD para medir y mejorar los factores de riesgo psicociales. Según la Organización Internacional del Trabajo , los factores de riesgo psicosociales son las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de la organización, capacidades, necesidades y cultura del trabajador, y consideraciones personales externas al trabajo que pueden tener influencia sobre el rendimiento, la salud y el grado de satisfacción laboral

Las variables específicas a medir en la encuesta consideran los siguientes aspectos:

  • ✓ Exigencias psicológicas en el trabajo.
  • ✓ Trabajo activo y desarrollo de habilidades.

Referido al grado de autonomía del trabajador (cuánto puede decidir sobre horarios, ritmo, métodos, variedad, iniciativa, calidad).

  • ✓ Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo.
  • ✓ Compensaciones.
  • ✓ Doble presencia.

Referido a la preocupación por cumplir con las tareas domésticas, además de las tareas propias del trabajo. Se puede hacer parcialmente equivalente a lo que algunos autores llaman “interferencia trabajo-familia”.

La aplicación de la encuesta no es el objetivo final de proceso, si no que el medio para visualizar las necesidades, priorizarlas e implementar medidas que permitan disminuir dichos riesgos y posteriormente, evaluar el impacto generado.

Es por esto, que la Dirección de Estudios de la Corte Suprema (DECS), deberá encargarse de difundir y aplicar dicha encuesta a todos sus colaboradores y posteriormente, participar en la etapa de propuestas de medidas de mejora a implementar en base a los resultados obtenidos.