La política de Efectivización de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la primera del Poder Judicial en esta materia, fue aprobada el lunes 17 de diciembre por el Tribunal Pleno, condicionando su implementación a la realización de un estudio de factibilidad a cargo del Comité de Modernización y el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Fue hace ya dos años que el Poder Judicial comenzó un camino largo destinado a la construcción de la primera Política de Efectivización de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, tarea que fue encomendada al Grupo de Trabajo de Infancia liderado por la Ministra de la Excma. Corte Suprema, Sra. Rosa María Maggi, instancia en que participa además, el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, las asociaciones gremiales, los estamentos, la Unidad del Acta 37-2014 y la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, en calidad de Secretaría Técnica.

La propuesta elaborada, es fruto de un proceso que se inició a partir de un estudio diagnóstico que permitió establecer una línea base, para luego, mediante un proceso colaborativo realizar 18 talleres donde participaron funcionarios y funcionarias judiciales de todo el país. Asimismo, y acorde a los estándares internacionales recogidos principalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, durante agosto del presente año se desarrollaron entrevistas no presenciales a lo largo del país, donde Niños, Niñas y Adolescentes, entre 9 y 17 años, que viven en distintos centros tanto de administración directa como indirecta de SENAME, pudieron dar su opinión acerca de cómo lograr un mejor acceso a la justicia. Este último proceso contó con el apoyo metodológico de UNICEF, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y el Centro Iberoamericano de Derechos del Niño.

Cabe señalar que la Política busca además, dar respuesta al compromiso asumido por el Poder Judicial ante el Comité de los Derechos del Niño, a propósito del informe emitido por dicho organismo en el año 2018 donde se detectó violaciones graves y sistemáticas a los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.