Con fecha 16 de Febrero de 2018, la Fiscalía Judicial de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile, dio a conocer el informe “Principales Problemas Detectados en las Visitas de Cárceles Realizadas el año 2017 por los Fiscales Judiciales”[1], elaborado a partir de las visitas anuales que realizan las Fiscalías Judiciales y Cortes de Apelaciones del país a los diferentes recintos carcelarios. El informe tiene como objetivo visibilizar aquellos problemas que la Fiscalía considera de mayor relevancia y que por ende, requieren de acciones de parte de las autoridades pertinentes para su pronta solución.

Las visitas de Fiscalías Judiciales y Cortes de Apelaciones a cárceles tienen como propósito: verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; constatar si el establecimiento penitenciario proporciona a los internos condenados actividades de estudio, trabajo y rehabilitación, que permitan su reinserción social; y velar por el debido respeto a la dignidad de toda persona. Ello implica, por consiguiente, verificar que Gendarmería Nacional de Chile (GENCHI) dé cumplimiento a su responsabilidad de “atender, vigilar y rehabilitar a las personas que por resolución de autoridades competentes, fueran detenidas o privadas de libertad[2]”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene dentro de sus responsabilidades la formulación de “políticas, planes y programas sectoriales respecto del tratamiento penitenciario y la rehabilitación del reo; dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento; crear establecimientos penales y de tratamiento y rehabilitación penitenciario[3]. Ello implica que tanto el Ministerio de Justicia como GENCHI tienen una responsabilidad directa sobre el funcionamiento del sistema carcelario de nuestro país.

Los principales hallazgos derivados del levantamiento de información realizado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema durante las visitas realizadas a 53 recintos penitenciarios efectuados durante el año 2017, son los siguientes:

  • Hacinamiento y sobrepoblación

Para el año 2017, se evidenció que existe una mayor cantidad de internos que plazas para poder albergarlos. Así, el informe señala de que de los 53 recintos visitados, 25 de ellos presentan sobrepoblación. Entre éstos, el caso más crítico se da en el Centro de Detención Preventiva de Limache que con una capacidad para 110 internos alberga a 279, significando ello una sobrepoblación del 154%. Con una menor criticidad pero alta sobrepoblación están el Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur, que con capacidad para 2.384 internos alberga a 4.486 (sobrepoblación del 88%) y el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, que con una capacidad de 242 plazas alberga a 453 internos (sobrepoblación del 87%).

  • Inadecuados horarios de encierro y desencierro

Se observan horarios disfuncionales al interior de los recintos penitenciarios, manteniéndose encerradas a las personas privadas de libertad (PPL) entre 14 y 16 horas diarias, hecho que se agrava considerando que las celdas, en general, se encuentran abarrotadas y carecen de servicios higiénicos y de una adecuada ventilación y sistema de iluminación. Es así como de entre los 53 establecimientos visitados, en 7 de ellos las PPL afrontan 14 horas de encierro; en 34, afrontan 15 horas de encierro; en 3, afrontan 16 horas de encierro, y solo en 7 recintos se observó que afrontaban menos de 14 horas de encierro.

  • Inadecuados horarios de alimentación de internos

El informe señala que en la mayor parte de los 53 establecimientos visitados (37) el desayuno se entrega de 8:45 a 9:00 hrs., el almuerzo a las 12:00 hrs. y la cena a las 16:00 hrs. Dependiendo del recinto, se les entrega una colación entre 16 y 17 horas para ser consumida durante el encierro. Sin embargo, en los establecimientos que no cuentan con este sistema de alimentación, los internos pueden pasar hasta 16 horas diarias sin recibir alimentos.

  • Uso inadecuado de celdas de castigo

Durante las visitas, se observó que en algunos recintos las celdas de castigo no tienen luz eléctrica y se encuentran en deficientes condiciones higiénicas. Su uso preocupa a la Fiscalía, pues someter a  personas a este tipo de encierro genera daños tanto físicos como psíquicos perjudicando su salud en un amplio rango. En casos más extremos, se evidenció que se mantuvo por 60 días o varios meses a algunos internos, por “razones de tránsito”.

  • Déficit de personal apto para el tratamiento de consumo problemático de drogas y/o alcohol

Se constató, también, que en sólo 12 de los 53 recintos visitos se contaba con comunidades terapéuticas para el tratamiento de adicciones a drogas y/o alcohol.

  • Acceso insuficiente al agua

De los 53 establecimientos visitados, solo en 2 contaban con agua caliente (Punta Peuco y CDP de Cochrane) y en 3 contaban con suministro parcial de agua caliente en sectores femeninos o de lactantes.

  • Prestaciones de salud insuficientes

En el país solo un recinto penitenciario cuenta con instalaciones hospitalarias. No obstante, no cuenta con todas las especialidades médicas. En el resto de los recintos solo se brinda atención primaria de salud, debiendo recurrirse en los eventos de mayor complejidad al sistema público.

  • Inadecuados planes de capacitación y educación

En los 53 recintos visitados se cumple con la obligatoriedad  de disponer educación básica y media para los internos. Sin embargo, se observa un déficit relativo a la dictación de enseñanza industrial, profesional, o técnica. Solo un 20% de la población penal total desempeña alguna actividad laboral, lo que evidenciaría una insuficiente e impertinente oferta de capacitación laboral a nivel nacional.

  • Déficit de infraestructura

Los principales déficits en términos de infraestructura detectados durante las visitas se relacionan con las instalaciones eléctricas, agua, alcantarillado y espacios para servir las comidas.

  • Deficiente sistema de clasificación de internos

Durante las visitas, se observó la existencia de un sistema inadecuado de clasificación de internos, lo que estaría provocado, principalmente, por las condiciones de hacinamiento presentadas. Un ejemplo de ello es la no separación entre imputados y condenados en un mismo recinto penitenciario.

Conclusiones

Como corolario, en el informe se señala que resulta imperativo que Gendarmería de Chile proceda a ampliar el periodo de desencierro, favoreciendo el trabajo y la capacitación de los internos, disminuyendo así sus horas de inactividad y ocio. Asimismo, se evidencia una manifiesta falta de acción ante una serie de condiciones inadecuadas que aun cuando se conoce desde hace años, no han sido solucionadas por las autoridades competentes.

 

[1] Fiscalía Judicial Corte Suprema., Principales Problemas Detectados en las Visitas de Cárceles Realizadas el año 2017 por los Fiscales Judiciales, 2018.

[2]Ley Orgánica de Gendarmería., Artículo 1°, Decreto Ley N° 2.859 del Ministerio de Justicia, 1979.

[3]Ley Orgánica Ministerio de Justicia., Artículo 2°, Decreto Ley N° 3.346, 1980.


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