El Estado de Chile ratificó el 14 de agosto de 1990 la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN), aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas.[1] Ello le supone asumir la obligación de “realizar los máximos esfuerzos por la generación de políticas públicas, legislación e institucionalidad destinadas a garantizar las condiciones para que niños y niñas puedan hacer efectivos sus derechos.”[2]

Luego de 27 años de su ratificación, y aun cuando existen avances y se ha conocido de manera esporádica la realidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de desprotección en el país, no existe un registro sistemático que permita conocer exhaustivamente el estado actual del ejercicio de los derechos de NNA. Al respecto, el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño se ha pronunciado respecto de la necesidad de realizar un seguimiento y monitoreo de los derechos de NNA, y ha manifestado su preocupación por la falta de indicadores en materia de datos desagregados por: edad, sexo, discapacidad, ubicación geográfica, origen étnico, nacional y situación socioeconómica.

En este contexto, el informe del Consejo es la continuación y actualización del Levantamiento de Línea Base de la situación de los derechos de Niñas, niños y adolescentes en Chile[3], efectuado en 2016. Asimismo, el Observatorio Nacional de los Derechos de la Niñez (ODN) ha dispuesto el Sistema Informático de Estadísticas de Niñez y Adolescencia[4], proyecto que responde a las observaciones planteadas por el CDN.

Las principales conclusiones del informe, que revisa el estado de 25 derechos de NNA[5], son

  1. La labor realizada por el ODN de constituir un sistema nacional de indicadores que permita conocer de manera regular y confiable la realidad de NNA en Chile, esperan, sea el “reinicio de una actividad que se pueda institucionalizar en el Estado chileno, (…) superando la anterior experiencia de monitoreo interrumpida del año 2009. (…) mediciones esporádicas, aunque positivas, impiden un adecuado posicionamiento de la temática infanto-adolescente en nuestra comunidad.”[6]
  2. Este sistema de monitoreo y seguimiento de la situación de NNA, se espera, sirva de base para ordenar la discusión pública respecto de cuáles son las áreas que requieren las intervenciones prioritarias o urgentes, de manera de incidir en la formulación de las políticas públicas que se generen en el corto plazo.
  3. En cuanto a indicadores de resultados, el informe destaca los que resultan más preocupantes: el estancamiento de la tasa de mortalidad infantil y de la niñez (que había venido bajando en los últimos años), el preocupante incremento del sobrepeso y obesidad, el alto consumo de drogas y tabaco, los altos niveles de violencia grave que afectan a niños/as; los altos niveles de desigualdad según los ingresos familiares; el abandono, las largas permanencias y las situaciones catastróficas que viven los niños/as institucionalizados. Estas situaciones catastróficas dicen relación con:
    1. La existencia de un alto número de niños en situación de completo abandono[7];
    2. Que los tiempos de permanencia en residencias colectivas han aumentado. Así, mientras en 2016 el 59,3% de los niños/as de 3 años permanecía más de 6 meses en el sistema, en 2017, dicha proporción se incrementa hasta el 65,4%. Asimismo, la proporción de niños/as de 8 años que permaneció más de 12 meses en el sistema, se incrementó desde 45,7% en 2016 a 46,6% en 2017. Lo anterior da cuenta de los problemas que enfrenta parte del sistema de protección especial para encontrar una solución más definitiva a la separación de los padres por largos periodos de tiempo.
    3. Que dado que existe información parcial respecto del total de niños/as fallecidos y abusados sexualmente estando en cuidados alternativos, se requiere su publicación oficial por parte de SENAME. Debiera también indicarse, dada la gravedad de los hechos, las circunstancias de tales abusos y/o muertes.
  4. Al monitorearse el comportamiento de ciertos indicadores a lo largo de los años, se observan avances en el ejercicio del derecho a un “nivel de vida adecuado” de la población infanto-juvenil del país. Así, se destaca:
    1. La reducción constante de la pobreza por ingresos, en hogares con NNA, aspecto en que la pobreza multidimensional[8] tiene similar trayectoria, aun cuando el porcentaje de pobreza que afecta a los NNA, cualquiera sea la medición, es bastante mayor a la pobreza que afecta a la población adulta.
    2. Una disminución en los niveles de hacinamiento y un mejoramiento en los índices de habitabilidad de las viviendas. Asimismo, es positivo el acceso a prestaciones de salud y educación de la población de NNA en situación de discapacidad.
    3. Un alza sostenida en las tasas de asistencia escolar tanto en educación parvularia, básica y media, situación que evidencia la eficacia de las políticas educativas enfocadas en la cobertura escolar. Con dicho objetivo resuelto, deben producirse avances, por lo tanto, en el mejoramiento de la calidad de la educación que se entrega, especialmente, en establecimientos públicos.
    4. Una baja en las tasas de maltrato infantil. Específicamente, disminuyen las tasas de víctimas de abuso sexual y de víctimas de violación (desde el año 2011 a 2014), así como la cantidad de niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar por maltrato psicológico, o lesiones graves y gravísimas (desde el año 2012 a 2015).
    5. El sostenido descenso en la tasa de NNA ingresados a sistemas de cuidado alternativo de la red de SENAME.
  5. Aun cuando se destaca el esfuerzo de diversos organismos del Estado por disponer de información precisa y actualizada[9], pues ello es “de vital importancia para la confección de políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes, permitiendo a través de información confiable diversas acciones, desde conocer los principales problemas de esta subpoblación, hasta la priorización eficiente de recursos”[10], existe variabilidad en la periodicidad de la información (se actualizan en momentos distintos), lo que no permite contar con datos observados de manera consistente en el tiempo. Así, existen atrasos considerables, por ejemplo, en los indicadores provenientes de SENAME; tienen un doble desafío: ponerse al día con anuarios o boletines estadísticos periódicos e incluir nuevos indicadores. El derecho contra la explotación económica solo tiene como indicador la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) que fue aplicada por última vez en 2012. Lo mismo ocurre con el monitoreo del derecho a la vida y al desarrollo, pues el estudio que lo mide, Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia, cuenta con datos hasta 2012. De los 25 derechos identificados, en 5 no existe información alguna. Urge contar con información respecto del derecho a la protección de NNA refugiados, venta y tráfico de NNA, tortura o penas crueles, participación de conflictos armados o el derecho de conocer la Convención de los Derechos del Niño.
  1. Por último, debiesen ampliarse los indicadores, considerando especialmente aquellos que surgen de los auto-reportes de los propios NNA, poniendo énfasis en que las mediciones sean comparables con otros países. La importancia de contar con auto-reportes radica en los mismos principios rectores de la CDN, en especial en el derecho a la participación y a ser escuchado. Dada la amplia envergadura de esta tarea, el Consejo Nacional de la Infancia en su informe recomienda su incorporación progresiva, en estrecha colaboración con UNICEF.

 

Citas

[1]  UNICEF. (14 de Febrero de 2014). Convención sobre los derechos del niño. Recuperado el 16 de Marzo de 2018, de UNICEF.CL: http://unicef.cl/web/convencion-sobre-los-derechos-del-nino/

[2] CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA. (2018). Informe: Situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile 2017. Santiago, Chile, p. 8.

[3] Consultar en http://observatorioninez.consejoinfancia.gob.cl/wp-content/uploads/2016/12/Linea-Base-Derechos-2016.pdf

[4] http://siena.consejoinfancia.gob.cl/siena/seguimiento

[5] Derechos: a la vida y al desarrollo; a la identidad, a vivir en familia, a la protección especial en caso de estar privado de los padres, a la libertad de opinión, expresión e información; a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y de practicar su propia cultura y lengua; a la libertad de asociación y participación, a la protección integral contra el maltrato, abuso y todas las formas de explotación; a la protección integral contra el traslado o retención ilícita internacional, a la atención especial por discapacidad, a la salud, a disfrutar de un nivel de vida adecuado, a la educación; al juego y la recreación, a la protección integral contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso; a la protección integral contra el uso y explotación relacionada con estupefacientes; a la protección integral contra el abuso y la explotación sexual; derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección integral ante situaciones de privación de libertad; derecho de los niños y niñas a conocer la Convención sobre los Derechos del Niño; a la no discriminación; derecho de los NNA a la protección de su vida privada, a la protección integral en caso de ser refugiados o desplazados, a la protección integral contra secuestro, venta y tráfico de NNA; a la protección integral contra la tortura, trato o penas crueles; a la protección integral contra la participación de NNA en conflictos armados.

[6] Op. Cit..CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA. (2018), p. 160.

[7] Si bien el informe no dispone de información directa respecto del porcentaje de NNA internados en centros residenciales que han sido visitados por los padres o un familiar adulto en los últimos tres meses, a través de la referencia del informe de la Comisión Jeldres, se da cuenta que al 2013, 743 niños se encontraban en total abandono.

[8] http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Pobreza_Multidimensional_Chile_heidi_Berner.pdf

[9] Mortalidad  (Ministerio  de Salud),  cobertura  educacional  (Ministerio  de  Educación),  fecundidad adolescente  (Ministerio  de  Salud), tasas de suicidio (Ministerio de Salud), consumo de drogas (SENDA), situación socioeconómica (Ministerio de Desarrollo Social mediante CASEN), actividad física (JUNAEB), maltrato intrafamiliar, homicidios, abusos sexuales  (Subsecretaría  de  Prevención  del  Delito),  des-institucionalización  (SENAME),  entre  otros.

[10] Op. Cit., CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA (2018), p. 161.

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