El informe que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora anualmente para informar respecto de su avance global, en su edición más reciente, aborda la situación actual del Estado de derecho y los derechos humanos como factores claves para la paz y el desarrollo. En concreto, revisa:

  • El estado de las innovaciones para el mantenimiento de la paz;
  • La vinculación entre el desarrollo humano y la paz;
  • El avance en la agenda para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030; y
  • Las áreas prioritarias del programa global.

Esta última sección corresponde al núcleo de la revisión realizada, pues da cuenta de:

  • La importancia del ambiente político para el fortalecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos;
  • La relación entre una justicia capaz y efectiva y las instituciones de seguridad;
  • El acceso a la justicia para los grupos vulnerables marginados; y
  • El acceso a la justicia, la seguridad y los derechos humanos de mujeres y niños.

Si bien el reporte busca dar cuenta del avance en estas materias en un conjunto amplio de países(1) que enfrenta graves situaciones de violencia y crisis, entre los cuales no está Chile, resulta interesante observar iniciativas desarrolladas en estas áreas que pueden servir al logro de objetivos de desarrollo del Estado de Chile.

Al indicar que el ambiente político de un país contribuye a fortalecer el Estado de derecho y los derechos humanos, da cuenta de la iniciativa Campeones de la Integridad Judicial en la iniciativa de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), lanzada en 2017, y que adopta un enfoque basado en los derechos humanos para garantizar el servicio de justicia para todos, promoviendo la transparencia, la integridad y la responsabilidad dentro de los Poderes Judiciales. Lo interesante de la iniciativa es que promueve la generación de comunidades de aprendizaje para la instauración de la transparencia y la responsabilidad como pilares de sistemas de gestión de calidad. Asimismo, es destacable un encuentro realizado en la región, en que los “[j]ueces expresaron su interés en el mentoring entre pares y reconocieron el valor de usar sistemas de gestión de calidad como el Marco Internacional para la Excelencia Judicial.”(2) Dicho Marco ya ha sido implementado en 20 países, dentro de los cuales nueve corresponden a economías APEC. Está diseñado específicamente para que sea usado por los tribunales y puede ser adaptado a distintos contextos jurisdiccionales.

En materia de acceso a la justicia para grupos vulnerables y marginados, vale destacar el apoyo que brinda el Programa a los Estados miembros en la expansión del acceso a la justicia especialmente para mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, grupos marginados y comunidades desplazadas. Al respecto, el informe destaca la inexistencia de un indicador que de manera integral permita dar cuenta del progreso que van logrando los países en el acceso a la justicia, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Por ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Open Society Justice Initiative están desarrollando una guía para medir la justicia a través de encuestas de necesidades jurídicas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha venido participando en la elaboración de un manual que sintetiza experiencias en más de 40 países que han aplicado encuestas de necesidades jurídicas. Esta metodología busca que se midan tanto las percepciones de las personas como sus experiencias asociadas.

Por último, resulta relevante destacar que el Programa también aborda las necesidades en justicia, seguridad y derechos humanos de niñas y mujeres, con miras al logro de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Para ello, el Programa ha creado y promovido la utilización de un kit de herramientas para profesionales que permita promover el acceso a la justicia para las mujeres. Éste provee una guía, basada en evidencia, para el logro de políticas y programas coherentes y consistentes que permitan revertir los obstáculos que enfrentan mujeres y niñas en el acceso a la justicia, así como en materia legislativa, institucional y societal. Ello, pues contribuye a coordinar las respuestas institucionales ante obstáculos que enfrentan las mujeres en materia de derechos de familia y propiedad; frente a la violencia de la que son víctimas, y cuando entran en conflicto con la ley.

 

Referencias

(1) Afganistán, Bosnia Herzegovina, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Colombia, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, El Salvador, Gambia, Guatemala, Guinea (Conakry), Guinea-Bissau, Haití, Iraq, Jordania, Kosovo (Territorio Administrado por Naciones Unidas), Kirguistán, El Líbano, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistán, Sierra Leona, Somalía, Sudán Del Sur, Sri Lanka, Palestina, Sudán, Siria, Timor-Leste, Túnez, Ucrania, Yemen.

(2) United Nations Development Programme. (2017). Strengthening the rule of law and human rights for sustaining peace and fostering development. United Nations Development Programme 2017 Global Programme Annual Report, p. 26.

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