Capítulo 8 Informe Anual UDP sobre Derechos Humanos en Chile 2017

La Universidad Diego Portales ha lanzado su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017, en el que se incluye un Capítulo denominado “El derecho de acceso a la justicia civil en Chile”, elaborado por los académicos Macarena Vargas y Ricardo Lillo.

Síntesis
El acceso a la justicia es un derecho fundamental que exige a los Estados garantizar que todos los ciudadanos que así lo requieran puedan recurrir al sistema de justicia y obtener una respuesta efectiva a una necesidad legal, normalmente asociada a la resolución de un conflicto o disputa de relevancia jurídica. En nuestro país, sin embargo, por razones de diversa índole, una serie de asuntos de alta prevalencia entre la población, y que potencialmente no debieran representar mayor complejidad para el sistema, no logran ser conocidos por parte de la justicia ordinaria. Ello constituye una seria limitación al derecho de acceso a la justicia, y en consecuencia, un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile. Caracterizar este tipo de conflictos y analizar el nivel de cumplimiento de aquellos estándares fijados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al respecto, es el objetivo del trabajo que se presenta en el capítulo.

Conclusiones

Un examen acerca del panorama nacional muestra que, pese a la enorme cantidad de reformas procesales que nuestro ordenamiento jurídico ha experimentado en estos últimos años, el acceso a la justicia sigue siendo una asignatura pendiente. Desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos que han estado en el poder –cualquiera sea su color político– si bien han desarrollado iniciativas y proyectos de distinto tipo, no han podido aminorar los problemas de acceso a la justicia de ciudadanos que buscan resolver conflictos civiles simples y cotidianos. Los esfuerzos se han centrado en mejorar los mecanismos de asistencia jurídica gratuita para eliminar las barreras socioeconómicas que limitan el ejercicio de este derecho –uno de los estándares exigidos internacionalmente–, pero no se ven cambios legales o institucionales que permitan concluir que estos obstáculos hayan disminuido de manera significativa.

Tampoco han podido dar solución a la saturación de los tribunales civiles, producto de la cobranza judicial de grandes empresas que copan la agenda judicial, ni de los Juzgados de Policía Local que sufren problema similar con ocasión de las infracciones de tránsito y el cobro del TAG. Un sistema que se encuentra virtualmente capturado por empresas y personas jurídicas en calidad de demandantes deja poco espacio para conflictos cotidianos y de baja monta que afectan a grandes sectores de la población, principalmente personas naturales. Ello
pugna con uno de los estándares desarrollados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que exige a los Estados contar con mecanismos efectivos, no teóricos ni ilusorios, que permitan a todos los ciudadanos el goce pleno de este derecho. (…)

A ello se suma una escasa oferta de soluciones amistosas que, a juzgar por los resultados del proyecto piloto de las Unidades de Justicia Vecinal, muestran tener un enorme potencial tanto en términos de resultados como de duración de sus procesos y pueden operar como opciones previas al proceso judicial. Tal como ha señalado la jurisprudencia internacional de derechos humanos, los mecanismos alternativos de resolución de controversias hacen parte del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio, pero en nuestro medio se encuentran ausentes y tampoco se contemplaron en la reforma a la justicia civil de los últimos años. Lo mismo se puede decir de los dispositivos comunitarios que ofrecen información y orientación de derechos, como los centros municipales o locales, que podrían actuar como un puente entre las demandas de los ciudadanos y el sistema de justicia formal, aliviando con ello la carga de los tribunales y acercando la justicia a las personas de una manera más amigable y menos rígida.

Recomendaciones para el Estado Chileno:

  1. Reactivar el impulso por la reforma a la justicia civil ordinaria, incluyendo procedimientos sencillos para pequeñas reclamaciones que sean de su competencia.
  2. Incorporar medios alternativos de resolución de conflictos a la par y de manera coordinada con el proceso judicial en la justicia civil y de policía local.
  3. Reformar el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, tomando en cuenta la experiencia de oralidad de otras reformas, pero con un enfoque en flexibilidad y simpleza.
  4. Considerar la comparecencia personal con mecanismos de asistencia adecuados para la preparación de litigantes ante reclamaciones pequeñas.
  5. Diseñar mecanismos para la ejecución y cobranza de deudas que permitan descongestionar los tribunales civiles de este tipo de causas.
  6. Incorporar tecnologías de la información bajo una lógica y terminología sencilla para mejorar el conocimiento de los derechos y sus formas de ejercicio por parte de ciudadanos comunes y corrientes.

 

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