A las 10 de la mañana del jueves 22 de febrero de 2018 fue presentado el capítulo chileno del informe 2017/18 acerca del estado de los derechos humanos en el mundo durante el año 2017. El informe completo aborda la situación en 159 países entre los cuales está Chile.

En el capítulo acerca de nuestro país, que de manera muy ejecutiva aborda los diversos temas, se informa acerca de la situación de los derechos humanos de grupos de personas en situación de vulnerabilidad en Chile, como son los refugiados e inmigrantes, pueblos indígenas y gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales. Además, aborda la actuación de la policía y fuerzas de seguridad; la situación de impunidad que persiste respecto de las violaciones a los derechos humanos durante la Dictadura; y la realidad de los derechos sexuales y reproductivos.

En materia de refugiados e inmigrantes se destaca el envío del proyecto de ley al Congreso para adoptar una nueva Ley de Migraciones, y la llegada de 14 familias sirias en octubre en el marco de un programa de reasentamiento.

Respecto de los derechos de los pueblos indígenas, se subraya el abuso que han hecho de la Ley Antiterrorista el Ministerio Público y el Gobierno para procesar a mapuche sin cumplir las debidas garantías procesales. “En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró (en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile) que aplicaciones similares de la Ley Antiterrorista contra activistas mapuche violaban la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”[1] Asimismo, destacan el caso en que 11 personas mapuche, incluida la machi Francisca Linconao, habían sido acusadas formalmente de “terrorismo” por un incendio que produjo la muerte de Werner Luchsinger y Vivian Mackay en enero de 2013. Las 11 personas acusadas estuvieron detenidas en espera de juicio o bajo arresto domiciliario por 18 meses. Tras la apelación del Ministerio Público en diciembre, el juicio y la absolución se declararon nulos. Está previsto que el juicio se repita durante el presente año. Asimismo, se destaca la “Operación Huracán” en la que se detuvo a 11 hombres y se los acusó de asociación ilícita por la comisión de actos terroristas en conexión con los incendios de decenas de vehículos de carga y la planificación de tales incendios, aun cuando nadie resultó herido en esos incidentes. Los ocho acusados estuvieron detenidos en espera de juicio hasta octubre de 2017 cuando la Corte Suprema declaró ilegítima su detención y ordenó su excarcelación, debido a que su privación de libertad no había estado debidamente justificada en la sentencia por la jueza de la causa.

En cuanto al ejercicio de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, se destaca que en junio el Senado haya aprobado “la Ley de Identidad de Género que establece el derecho de las personas mayores de 18 años al reconocimiento legal de su identidad de género modificando su nombre y sus indicadores de género en documentos oficiales mediante un proceso administrativo, sin necesidad de una cirugía de reasignación de género ni de un certificado médico. La propuesta de ley está pendiente en el Congreso.”[2] Asimismo, se destaca la presentación, por parte del Ejecutivo, de un proyecto de Ley ante el Senado que pretende otorgar a las parejas de personas del mismo sexo derecho a contraer matrimonio y a adoptar, en igualdad con las parejas de personas de sexos distintos.

Por otra parte, se valora la entrada en vigencia de la ley que despenaliza el aborto en tres causales: cuando el embarazo supone un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada; cuando el feto no es viable o cuando el embarazo es producto de una violación. No obstante, la Ley contempla el derecho a la objeción de conciencia por parte del personal médico e instituciones, lo que en este último caso, no fue evaluado positivamente.

Por último, se presenta la situación de dos temas relacionados con el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden del Estado de Chile y la impunidad con la que muchas veces han actuado, tanto en la actualidad como en el pasado. Así, en primer lugar, se critica el “uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En junio, las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno muy cerca de un colegio de la comunidad mapuche de Temucuicui, mientras los niños y niñas estaban en clases.”[3] Al respecto, se critica que la Corte Suprema haya considerado dicha acción como “proporcional”. También se menciona el caso de Brandon Hernández, un joven de 17 años de la comunidad mapuche Curaco que recibió, el 18 de diciembre de 2016, un balazo de escopeta que le significó tener más de 100 perdigones incrustados en su espalda. Se destaca el traslado desde la justicia militar y la reapertura, por parte de la Corte Suprema, del caso de Álex Lemún, un joven mapuche de 17 años que murió por un disparo en la cabeza de parte de un agente de policía. A la fecha no se han hallado responsables. En segundo lugar, se destaca que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura sigan exigiendo justicia, verdad y reparación, aun cuando los tribunales han conocido cientos de casos. Esto, pues la mayoría de los condenados no cumple penas de prisión, y muchas víctimas carecen aún de acceso a mecanismos institucionales para exigir reparación.

Se valora que el gobierno haya presentado en mayo ante el Congreso, un proyecto de ley para la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura.

 

[1] Amnistía Internacional. (22 de Febrero de 2018). Informe Anual 2017-18 de Amnistía Internacional. Recuperado el 22 de Febrero de 2018, de Amnistía Internacional: https://amnistia.cl/landing/wp-content/uploads/2018/02/Cap%C3%ADtulo-Chile-Informe-Anual-2017-2018.pdf. P. 2

[2] Ibíd., p. 4

[3] Ibíd., p. 1

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