Una de las advertencias del Pleno radica en que se alteran las reglas generales de la Ley del Consumidor, en cuanto al procedimiento y al elemento territorio de la competencia, “generando con ello diversos efectos en perjuicio de los consumidores”.

Con fecha 24 de abril de 2019 (Oficio N° 61-2019), el Pleno de la Corte Suprema evacuó su informe respecto del proyecto que modifica la Ley 19.496 de protección del consumidor, para establecer un procedimiento de impugnación en caso de cobros indebidos asociados al uso de tarjetas de crédito y cuentas corrientes. La iniciativa, originada por moción y contenida en el Boletín 12.463-03, ha causado polémica, pues coloca del lado bancos los riesgos por fraudes cometidos con tarjetas y cuentas corrientes.

Someramente, el proyecto propone incorporar dos nuevos artículos a la ley del consumidor (al título II, párrafo 4° que fija las “Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión”): los Artículos 17 M y 17 N que, resumidamente, ponen del lado de los bancos e instituciones financieras la carga de acreditar que los cargos cursados fueron realizados por el cliente, quien, a su vez, estará facultado para para desconocer los cargos, los que deberán ser eliminados en 24 horas; además, se prohíbe que los contratos de seguro por fraudes cometidos en este contexto corran por cuenta de los usuarios y se fijan sanciones o indemnizaciones para el caso de incumplimiento.

Al respecto, el Pleno observa que la regla propuesta es diversa de la que actualmente rige, establecida en el Artículo 3° de la Ley 2.009, que impone al emisor de la tarjeta la carga de probar que las operaciones fueron realizadas por el tarjetahabiente, cuando las tarjetas fueron operadas con posterioridad al aviso de extravío, hurto o robo efectuado por el cliente. En ese sentido, la Corte observa que el proyecto “no hace referencia alguna a dicha disposición vigente, no pudiéndose determinar cuáles serán los alcances del proyecto y si éste, en caso de promulgarse, generará la derogación tácita de la regla citada” (C. 6°).

Por otro lado, en relación al procedimiento para impugnar cobros indebidos (cuando desconocidos los cargos por el cliente, el proveedor no los elimina en el plazo de 24 horas), la Corte Suprema hace dos advertencias relevantes: (i) la propuesta altera la regla de competencia respecto al elemento territorio; y (ii) altera también la regla general en cuanto al procedimiento aplicable.

En efecto, según la ley del consumidor, el Juzgado de Policía Local competente será  -a elección del actor– el de la comuna en que se hubiera celebrado el contrato, donde se hubiere cometido la infracción o se hubiere dado inicio a su ejecución; mientras que en el proyecto otorga competencia al juzgado de la comuna del infractor, “sin existir alguna consideración evidente para dicho cambio” (C. 8°). Por su parte, mientras la iniciativa propone que la impugnación se tramite de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 18.287, las demás acciones de la ley del consumidor se tramitan conforme a los procedimientos que establece su Título IV (“De los procedimientos a que da lugar la aplicación de esta ley”), al cual es aplicable –sólo supletoriamente– lo dispuesto en la Ley 18.287 y en el Código de Procedimiento Civil (Artículo 50 B), “generando con ello diversos efectos en perjuicio de los consumidores” (C. 8°).

De este modo, advierte la Corte, “en caso de aprobarse el proyecto en su redacción original podría generar la incongruencia consistente en que, en materia de protección de los derechos de los consumidores, existiría más de un procedimiento mediante el cual deberán conocer las causas los juzgados de policía local, lo cual podría llevar, en la práctica, a confusiones indeseadas durante su tramitación”.

Para más detalles, véase el Informe Proyecto de Ley N° 9-2019 (Oficio N° 61-2019), disponible en esta publicación.

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