«El verdadero problema de fondo», sostiene el Pleno, «son las anomalías del sistema de Justicia Militar, que han justificado la intervención de la Corte Suprema y la designación de ministros en visita, como una forma de compensar falencias estructurales y procesales de dicho sistema».

El pasado 4 de julio, la Corte Suprema expresó su parecer respecto al proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar para extender la duración en el cargo de los ministros de Corte de Apelaciones que integran las Cortes Marciales (Boletín N° 12.638-07).

Se trata de una iniciativa presentada en el contexto de la investigación y procesamiento de altos oficiales del Ejército, incluso de dos ex comandantes en Jefe, por hechos de corrupción acaecidos al interior de dicha institución. Estos procesos –ahora suspendidos por el Tribunal Constitucional en varias aristas– han sido sustanciados por la ministra en visita, Romy Rutherford, quien está en su último año de integración en la Corte Marcial.

Debido a la alta complejidad y relevancia pública del caso, así como a la fecha próxima de expiración en el cargo de la ministra instructora, la moción parlamentaria busca extender de 3 a 5 años el plazo de integración de los ministros de Corte de Apelaciones en la Corte Marcial.

Al respecto, el informe del Pleno expresó, entre otras observaciones, que el proyecto “lejos de atender a la lógica de la estructura institucional, no es más que una solución momentánea y parcial para un caso específico”.

“Puede que la regla esta vez implique un mejor desempeño institucional para un caso concreto”, agrega el Informe, “pero en el largo plazo la modificación no implica necesariamente una mejora al diseño orgánico”.

En opinión de la Corte, la lógica de modificar la ley a la luz de un caso particular ya se dio en 1999, cuando la ley N° 19.655 amplió el plazo de integración de la Corte Marcial de 1 a 3 años, que es el plazo actual que se pretende volver a estirar.

Según sostiene el Informe, la inconveniencia de esta forma de legislar se observa en que, de aprobarse la propuesta, nada impedirá “que un nuevo caso motive la designación de un ministro en visita, a la mitad de su período de integración de la Corte Marcial, repitiéndose el problema que se pretendía subsanar. Así las cosas, el proyecto es sólo un ajuste improvisado, que no se hace cargo del real problema de fondo”.

El Considerando Décimo del informe identifica el problema fondo, esto es, “las anomalías del sistema de Justicia Militar, que han justificado la intervención de la Corte Suprema y la designación de ministros en visita, como una forma de compensar las falencias estructurales y procesales de dicho sistema”.

Para más detalles, véase el Informe Proyecto de Ley N° 21-2019 (Oficio N° 133-2019), disponible en esta publicación.

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