En el pasado mes de diciembre, el Instituto Nacional de derechos Humanos (INDH) publicó su Informe Anual 2020. Esta edición analiza el impacto que ha tenido la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia COVID 19 en el ejercicio de los derechos de las personas y como el Estado ha respondido para garantizar la debida protección y el goce de los derechos humanos durante el tiempo de pandemia. En particular, el informe presenta el marco jurídico general respecto de la pandemia y sus adecuaciones en el debate normativo global y local y luego revisa la actuación del Estado en cuatro ámbitos específicos: salud, trabajo e ingresos; educación y derechos civiles y políticos.

Respecto del marco jurídico general, el informe concluye que “la crisis sanitaria derivada por la pandemia de SARS-CoV-2, causante del COVID-19, no solo es relevante desde una perspectiva de salud pública, sino que también es una cuestión de derechos humanos”. Desde dicho enfoque, el INDH recomienda observar salvaguardas para la suspensión de determinados derechos: debe encontrarse debidamente justificada, ser necesaria, proporcional, limitada en el tiempo y en el territorio, y no importar tratamientos discriminatorios hacia ciertos grupos de personas.

En relación a los cuatro ámbitos específicos, el INDH hace recomendaciones al Poder Judicial en cuanto a la protección de derechos civiles y políticos. En concreto, se efectúa la siguiente recomendación:

Se recomienda al Poder Judicial, al Ministerio Público, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones tener en cuenta y garantizar el derecho a la libertad personal y el acceso a una tutela judicial efectiva en el contexto de la emergencia sanitaria, considerando especialmente los derechos de las víctimas y de personas pertenecientes a grupos de especial protección.

El informe también dedica un capítulo a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en el marco de la obligación de verdad y justicia. En este acápite se valora positivamente “las medidas anunciadas por la Corte Suprema con el objetivo de agilizar la tramitación de causas, tanto para las que están en manos de cada Corte de Apelaciones como en la misma Corte Suprema. También, es relevante la aprobación y puesta en marcha de la Oficina de Coordinación de Causas sobre graves violaciones a los Derechos Humanos del Poder Judicial”. Asimismo, se efectúan las siguientes recomendaciones:

Se recomienda al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, a través de todos los organismos estatales con responsabilidades en materia de justicia, continuar e intensificar los esfuerzos de búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada cuyo paradero no haya sido esclarecido; y, en caso de constatar su muerte, identificar y restituir sus restos a sus familiares en condiciones dignas.

Se recomienda a todas las entidades públicas que conforman el sistema de justicia y le coadyuvan, que intensifiquen los esfuerzos para agilizar las investigaciones en trámite sobre desaparición forzada de personas, e iniciar sin demora aquellas que no tienen un proceso judicial iniciado, con el objeto de sancionar –sin dilación y con penas que consideren la extrema gravedad de los delitos cometidos– a todas las personas que hayan participado de su materialización, tanto en calidad de autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores, que mediante su acción o inacción permitieron la impunidad de los perpetradores; y a la vez persistir, independiente de los procesos judiciales que se lleven a cabo, en la búsqueda de los cuerpos de las víctimas.