El Pleno del máximo tribunal, mediante Oficio N° 32-2018, de 21 de febrero de este año, emitió su opinión sobre el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en materia de instalación, mantención y certificación de ascensores y otros aparatos similares en referencia.

Específicamente, el máximo tribunal se pronunció acerca de la competencia de los tribunales de policía local para conocer de las acciones derivadas de los contratos de instalación, mantención y certificación de ascensores, funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas y otros artefactos cuando dichos contratos contienen cláusulas abusivas como la venta atada, prohibida por la nueva legislación.

La Corte Suprema, luego de efectuar algunas observaciones de carácter formal,  señala que “dicha disposición se encuentra en armonía con las normas que regulan los servicios de instalación, mantención e inspección de los ascensores y otras instalaciones similares, contenidas en la Ley N° 20.296, cuyo artículo 4°, inciso final, entrega precisamente a los Juzgados de Policía Local la competencia para conocer de la acciones derivadas de la vulneración a sus normas. Asimismo, es pertinente recordar que la Corte Suprema, al ser consultada sobre el proyecto de ley que dio origen a la referida Ley N° 20.296 (boletín 4975-14), indicó en su informe a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados, que la competencia del Juez de Policía Local en la materia “guarda perfecta relación con lo dispuesto en el artículo 13 letra c) número 2 de la Ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local»[1].

 

[1] Oficio N° 32-2018, considerando Quinto.