El Pleno del máximo tribunal, mediante Oficio N° 31-2018, de 21 de febrero de este año, emitió su opinión sobre el Proyecto de ley que modifica la Ley 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores, señalando, como cuestión preliminar, que existe una línea difusa en cuanto a la naturaleza gremial (asociativa) o sindical de las organizaciones de profesores. Sin embargo, señala que el proyecto de ley “parte de la base que los maestros no ejercen actividad sindical sino gremial”[1].

Luego, la Corte recuerda que de conformidad con la ley, “el derecho de asociación, es similar al régimen del derecho de sindicación que hace el Código del Trabajo, tanto en su aspecto formal –constitución y afiliación- como de fondo –prerrogativas- aunque los objetivos están detallados con diferencias para uno y otro, conforme fluye de los artículos 7 inciso segundo de la Ley 19.296 –finalidades de las asociaciones de funcionarios- y 220 del Código del Trabajo –fines de las organizaciones sindicales-“[2].

Analizadas las normas antes indicadas, artículo 88 de la Ley 19.070 y artículo 304 del Código del Trabajo, la Corte manifiesta que “no sería contradictorio afirmar que, en último término, la gremialidad docente es titular de un derecho de sindicación”. Esta afirmación, dice la Corte, cobra importancia a la hora de analizar si los dirigentes de las asociaciones gremiales de profesores, se encuentran en la actualidad revestidos del fuero que el proyecto de ley dice traerles, en atención a lo preceptuado en el artículo 25 de la Ley 19.296, incisos primero y segundo[3].

Entonces, el máximo tribunal se pregunta si el proyecto es verdaderamente necesario, evidenciando las similitudes entre las normas vigentes que regulan la materia y el proyecto de ley, semejanzas que se extienden a las causales legitimantes de exoneración de los aforados, advirtiendo en este punto que, “la excepción la constituye el régimen de las causales de que se puede valer el empleador para solicitar la autorización de despido tratándose de los docentes que se desempeñan en el sistema municipal”, quienes “quedan afectos a mayor número de situaciones eventualmente exoneratorias que el resto de sus congéneres”[4].

Así las cosas, la Corte señala que no existen antecedentes suficientes para asumir que los dirigentes de las asociaciones gremiales de profesores se encuentran en la actualidad revestidos del fuero que el proyecto busca reconocerles.  Sin embargo, el máximo tribunal señala que, “habida cuenta que conforme al examen que viene de efectuarse, una gran muestra del universo de directores de asociaciones gremiales está presentemente protegida en el derecho a negociar colectivamente y al amparo del fuero, algunos aspectos de la iniciativa de ley requerirán de mayor precisión […]”[5].

 

 

 

[1] Oficio N°31-2018, considerando Cuarto.

[2] Ibíd., considerando Sexto.

[3] Ibíd., considerando Sexto y Séptimo.

[4] Ibíd., considerando Décimo.

[5] Ibíd., considerando Décimo.

 

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