El Pleno del máximo tribunal, mediante Oficio N° 29-2018, de 08 de febrero de este año, emitió su opinión sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo al cumplimiento de penas y medidas de seguridad en referencia.

En cuanto a las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal, en orden a imponer de modo obligatorio un dictamen del Servicio Médico Legal, el máximo tribunal, señaló que “aun reconociendo el rol científico y especialización del Servicio Médico Legal, es un hecho público y notorio que no posee actualmente los medios humanos y técnicos necesarios para satisfacer las exigencias que ha de alcanzar; en el ámbito jurisdiccional nos consta que es habitual otorgar hora para peritajes para muchos meses después del ingreso de la orden judicial”[1].

En opinión del Pleno, “esta reforma sólo podría ser realidad en la medida que se emprenda una reforma integral del Servicio Médico Legal, que comprenda obviamente la dotación de más profesionales y más medios técnicos, pero que no se agote en esta finalidad”[2].

En consecuencia, la Corte propone que “el informe psiquiátrico pueda ser encomendado a otras instituciones públicas u órganos de asistencia médica estatal de reconocida capacidad y seriedad en ese ámbito profesional”[3].

El nuevo artículo 468 bis, propone la sustitución de la pena original por la reclusión domiciliaria total, si durante la ejecución de una sentencia que imponga una pena privativa de libertad, se diagnosticara al condenado una enfermedad terminal. Tratándose de los condenados por alguno de los delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, el proyecto exige, además de los requisitos generales, la  declaración pública que contenga una manifestación inequívoca del arrepentimiento del sujeto.

Al respecto, la Corte Suprema, señaló que “Además de considerar que el arrepentimiento corresponde a un estado afectivo del ánimo, propio de la psique del ser humano y, como tal, difícilmente escrutable, cabe tener en cuenta que dadas las características de la patología terminal, parece improbable que el paciente vaya estar en condiciones de entender la exigencia de arrepentimiento y de suscribir con conocimiento de causa el documento requerido. Lo más probable será que lo redacte un tercero y el enfermo lo suscriba, muchas veces sin comprender su alcance, lo que no parece ser el propósito del proyecto, circunstancia que parece suficiente para objetar su exigencia”[4].

Por último, la Corte reitera lo señalado en otras ocasiones respecto de la necesidad de “una reforma orgánica completa al sistema de ejecución de penas que contemple la figura de un juez penitenciario”. (Informes de 16.06.2016 y de 28.09.2016). Se ha insistido en la urgencia de modificar la normativa sobre Libertad Condicional, dictando una Ley General de Ejecución Penitenciaria que permita atender, de mejor manera, la cuestión de la Libertad Condicional y las demás de diversa naturaleza que componen el conjunto de herramientas previstas para fortalecer el objetivo de resocialización, claramente pendiente en nuestro país (Informes de 23.06.2016 recaídos en los Boletines 10.671-07 y 10.696-07)”[5].

Los Ministros señores Künsemüller, Valderrama, Dahm y el Ministro suplente señor Miranda, estuvieron por extender el informe a la totalidad del texto propuesto, emitiendo su parecer en materia de beneficios penitenciarios, libertad condicional y reinserción social de los condenados.

[1] Oficio N° 29-2018, considerando Segundo.

[2] Ibíd.

[3] Ibíd.

[4] Ibíd., considerando Tercero.

[5] Ibíd., considerando Quinto.