El Pleno del máximo tribunal, mediante Oficio N° 108-2018, de 05 de septiembre de este año, emitió su opinión sobre el proyecto de ley que moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de las siguientes modificaciones: i) reducir el componente político en el procedimiento de calificación ambiental; ii) ampliar y mejorar los espacios de participación ciudadana; iii) permitir un mayor y equitativo acceso a la justicia ambiental; y, iv) solucionar legalmente aspectos históricamente controversiales.

 

Específicamente, el Congreso requirió la opinión de la Corte Suprema en relación a las competencias del tribunal ambiental para conocer de los nuevos recursos que prevé la iniciativa legal y la consulta a dicha judicatura de los Términos de Referencia Ambientales.

 

En relación a esto último, la Corte señaló que teniendo en consideración los “nuevos recursos procesales que contempla el proyecto de ley ante el Tribunal Ambiental, como las experiencias comparadas y, a fin de evitar una posible sobrecarga de trabajo de dichos tribunales, puesto que todos los proyectos eventualmente pueden requerir del cumplimiento de este trámite, podría ser de utilidad que se incorpore una norma relativa a la admisibilidad, a fin de revisar solo aquellos términos de referencia ambientales de proyectos o actividades que tengan cierta relevancia que amerite su examen. Para ello, sería aconsejable determinar algunos parámetros que permitan efectuar la ponderación de la relevancia del proyecto”.

 

Asimismo, el máximo tribunal advierte “una fuerte limitación al trámite de la consulta, que debe originar definiciones de contenido por el legislador, desde que el inciso segundo del nuevo numeral cuarto del artículo 17 de la Ley 20.600, dispone que el ejercicio de la facultad de autorización de los Términos de Referencia Ambientales, “el tribunal no podrá pronunciarse respecto de los acuerdos alcanzados entre las partes”, por lo cual la consulta quedaría circunscrita a los puntos en discordia. Tal entendimiento de la consulta otorga una legitimidad relativa al proyecto, puesto que, de este modo, las partes podrán adoptar acuerdos al margen de la normativa ambiental y el tribunal no tendrá competencia para emitir parecer al respecto”. el trámite de la consulta otorga competencia restringida al Tribunal Ambiental”.

 

En relación a los sujetos que pueden intervenir como partes en los asuntos de competencia de los tribunales ambientales, esto es, las personas naturales o jurídicas directamente afectadas en un interés legítimo ambiental de carácter específico, ya sea individual o colectivo y el directamente afectado por el acto administrativo de carácter ambiental, la Corte Suprema, informó que “[t]eniendo en consideración que se pretende solucionar diferentes interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales en torno a aspectos relevantes, podría ser conveniente precisar los conceptos de “directamente afectado”, “interés legítimo ambiental” o “interés de carácter específico” que puedan suscitarse a propósito de la persona legitimada para intervenir en la justicia ambiental”.

 

Por otro lado, con los nuevos recursos de reclamación ante el tribunal ambiental, el legislador ha querido afrontar las diferentes doctrinas relacionadas con la invalidación impropia, sobre todo, en relación al plazo que tendrían los terceros que no han participado en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para pedir la invalidación del acto. Con la propuesta legal, el problema interpretativo suscitado a nivel jurisprudencial, quedaría resuelto con los nuevos recursos de reclamación ante los tribunales ambientales que consagra el proyecto de ley, estableciendo un plazo único de 30 días para reclamar ante la justicia ambiental, cualquiera sea el sujeto activo que deduzca el recurso. Al mismo tiempo, dicha discusión jurisprudencial, quedaría zanjada con el nuevo numeral 8 del artículo 17, inciso final, que el proyecto agrega a la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales y, con el nuevo artículo 17  (actualmente derogado) que el proyecto incorpora a la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, estableciendo en ambos preceptos, que la Administración o los órganos de la Administración del Estado, no podrán, ya sea de oficio o a petición del interesado, ejercer la potestad invalidatoria del artículo 53 de la Ley N° 19.880, respecto de las resoluciones de calificación ambiental, de las resoluciones que resuelvan el procedimiento del artículo 25 quinquies, así como cualquier otra resolución dictada dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

 

Sin embargo, el máximo tribunal, reconociendo los avances en esta materia, “estima que el plazo de 30 días para los terceros que no han participado en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, puede ser exiguo, considerando que éstos toman conocimiento formal del proyecto o actividad, una vez que se publica la resolución de calificación ambiental que califica favorablemente el proyecto, pudiendo resultar insuficiente el plazo de 30 días para preparar la presentación del recurso, sobre todo, para reunir los antecedentes que fundamenten dicha acción […]”. Asimismo, advierte que “es altamente probable que los terceros absolutos, simplemente no hayan tomado conocimiento de los actos administrativos de carácter ambiental, definidos en el nuevo numeral 9 del artículo 17 de la ley 20.600, sin que puedan, en consecuencia impugnar dichos actos ante el Tribunal Ambiental respectivo, restricción que sin duda, afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva en materia ambiental. En este sentido, sería aconsejable revisar dicho plazo, pudiendo, incluso, ser elevado a seis meses como ocurre en el amparo económico (artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República), en atención, justamente, a la naturaleza de los proyectos y actividades que desarrollan las empresas”.

 

Al mismo tiempo, señala que en esta materia, “sería muy aconsejable indicar la forma en que los terceros absolutos serán notificados o informados acerca de la presentación de un proyecto o actividad para que éstos tengan la posibilidad real y efectiva de impugnar las resoluciones o actos indicados en la norma, sobre todo, aquéllos de carácter ambiental a que alude el inciso segundo del nuevo numeral 9, que agrega el legislador al actual artículo 17 de la ley N° 20.600, pues de acuerdo con dicho inciso el plazo de 30 días para la interposición de la acción de reclamación se contará desde la notificación de la respectiva resolución”.

 

Por otro lado, el máximo tribunal, enfatiza que “los proyectos de inversión que se pretenden desarrollar en nuestro país junto con respetar los estándares medioambientales, no pueden impedir u obstaculizar, el legítimo derecho que tienen las personas naturales o jurídicas que tengan interés y no han sido parte del procedimiento, puedan impugnar las resoluciones y actos administrativos ambientales que los afectan directamente. Para ello, los plazos para interponer las acciones respectivas, son fundamentales, más todavía cuando el proyecto de ley excluye de forma expresa la posibilidad de solicitar la invalidación del acto administrativo en virtud del artículo 53 de la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”.

 

Finalmente, indica que “En la actualidad nuestro país, entre otros Estados, impulsa el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, cuyo texto se acompaña y que podría ser oportuno se analice y tenga en consideración para adaptar la legislación interna a los términos de aquel Acuerdo”.