La invitación extendida por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, convocó cuantiosamente a estudiantes, profesionales, académicos y autoridades a reflexionar sobre la experiencia y desafíos del Poder Judicial en los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD). Desde diversas perspectivas profesionales se expuso la situación de los infractores que cometen delitos con ocasión de un consumo problemático de drogas, la práctica consensuada interinstitucionalmente para que a través de esta metodología -intereses contrapuestos- trabajen en equipo en favor de la rehabilitación y disminución de la reincidencia, y los retos que enfrenta un programa robustecido por el tiempo, pero que mantiene baja cobertura a nivel nacional.
El Presidente de la Corte Suprema Ministro Sergio Muñoz Gajardo enfatizó acerca de la importancia de afrontar la delincuencia desde el punto de vista de la víctima, una justicia restaurativa, y el victimario, con una justicia terapéutica cuando sea posible. Aquellas personas que tienen problemas con la justicia deben recibir tratamientos o procedimientos que faciliten oportunidades para reinsertarse en la sociedad; la justicia y los procedimientos adoptados por medio de los tribunales de tratamiento de drogas deben enfocarse en las personas y sus particularidades, ya que no existe una línea recta para abordar todos los matices que nos presenta la sociedad.

Roberto Contreras Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, abrió el primer bloque dando a conocer los resultados del estudio que lideró al interior del Poder Judicial para obtener estadísticas de los 29 tribunales que actualmente están operando con el programa, con el propósito de que los datos permitan aproximarse a la carga de trabajo que estos casos suponen al sistema penal y evaluar las posibilidades de estandarizar y mejorar la gestión de estos ingresos en el futuro. Tras la exposición del Ministro Contreras, el psiquiatra Mariano Montenegro, Director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), destacó las bondades de la supervisión judicial para este tipo de casos y concluyó que “Con este modelo estamos aumentando la probabilidad de que (los infractores) no vuelvan a cometer un delito. Creo que eso nunca lo debemos olvidar. Es parte de la humanización que requiere la justicia”. Luego, cerrando el primer bloque de ponencias, el psicólogo Paulo Egenau, Director Ejecutivo de la Fundación Paréntesis, compartió con el público una mirada enriquecida sobre los consumidores de drogas, derribando los mitos y estereotipos que circulan al respecto, para una mejor comprensión del fenómeno del consumo y la adicción.

El segundo bloque fue abierto por el Secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez Martin, quien ofició de moderador del espacio y además fue durante largos años juez TTD. El magistrado Sáez reflexionó brevemente sobre el rol del juez en las audiencias de seguimiento, su vinculación con el infractor y las poderosas consecuencias que puede tener en la vida de personas afectadas por un consumo problemático de drogas. Luego, Álvaro Pérez, Jefe del Departamento de Reinserción Social de Adultos, del Ministerio de Justicia, analizó los hitos de la coordinación ministerial del programa a nivel nacional y explicó los últimos avances y acuerdos a los que han arribado las instituciones que participan del programa. Tras él, Sebastián Valenzuela, miembro fundador de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica, dilucidó los principales desafíos del programa que, desde una perspectiva de política pública, ha quedado estancado en extensión y que sigue valiéndose de la buena voluntad de quienes día a día mantienen –por convicción- en funcionamiento los TTD.

Por último, el profesor estadounidense David Wexler, líder mundial del movimiento de justicia terapéutica, explicó el escenario y avances de su investigación más reciente, en donde trata de extender los beneficios de implementar los principios de la justicia terapéutica más allá de los tribunales de drogas. Por esta razón, recomendó a los asistentes a través del uso de una metáfora sobre el vino y las botellas, que las estructuras legales puedan ser siempre revisadas a la luz de estos principios, a fin de evaluar la posibilidad de integrarlos y alcanzar prestaciones y soluciones más satisfactorias, distintas a la típica respuesta penal concebida como encarcelamiento.