El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, presentó su informe “Pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), impacto y retos para una justicia independiente”.

Este informe fue elaborado a partir de las respuestas proporcionadas por Estados, organismos internacionales de derechos humanos, asociaciones de jueces y abogados y organizaciones de la sociedad civil a un cuestionario preparado por el Relator. En la respuesta proporcionada por el Estado de Chile participó la Corte Suprema a través de su Dirección de Estudios.

El Relator comienza su informe reconociendo los esfuerzos realizados por las distintas instituciones judiciales para seguir funcionando en las condiciones adversas provocadas por la pandemia. Especialmente aquellos esfuerzos realizados por quienes han pagado con su propia vida el seguir desempeñando sus funciones judiciales. También reconoce que el impacto que ha generado la pandemia en las instituciones y las sociedades no tiene precedentes, lo que ha golpeado a la justicia en su propio funcionamiento.

A partir de este diagnóstico, el Relator presenta una serie de recomendaciones, entre estas:

  • El Estado es responsable de garantizar el acceso a la justicia, el funcionamiento de una justicia independiente y su acercamiento a la gente. Para este fin son necesarios recursos presupuestarios adicionales;
  • Se deben afrontar decididamente las restricciones en el acceso a la justicia evitando que los grupos sociales más desfavorecidos se vean marginados y se produzca así una “elitización” de la justicia;
  • Los países deben adoptar medidas urgentes y sostenidas para cerrar la brecha digital que afecta el acceso a la justicia y genera exclusión; y
  • Los Estados deben considerar la situación provocada por la COVID-19 no solo como un serio problema, sino también como una oportunidad para adoptar políticas públicas que aseguren la independencia y el efectivo funcionamiento de los sistemas de justicia y que faciliten el acceso de la población a la justicia bajo un enfoque de género y de respeto a los derechos humanos.

Este informe será presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 47° período de sesiones que se celebrarán entre los días 21 de junio al 9 de julio del presente año.

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