Con la asistencia de las principales autoridades del sistema de justicia penal, entre éstas don Haroldo Brito; Presidente de la Corte Suprema, Don Hernán Larraín; Ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Jorge Abbott; Fiscal Nacional y Don Andrés Mahnke; Defensor Nacional, el pasado 25 de julio se llevó a cabo en el salón de honor de la Corte Suprema el seminario de análisis del funcionamiento de la Reforma Procesal Penal (RPP), a más de una década desde su  puesta en marcha, en el contexto del estudio realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), patrocinado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Dentro de las conclusiones del estudio, destacar que hubo acuerdo entre las autoridades respecto a la adecuada coordinación interinstitucional en la implementación de la RPP, en la necesidad de revisar el sistema procesal penal respecto a la separación rígida de las competencias de los jueces orales y los jueces de garantía, la gran capacidad del sistema para abordar de buena manera el importante número de causas que ingresan a la justicia penal y priorizar la calidad del debate en las audiencias, más que la celeridad en su desarrollo. Se hizo presente además la importancia de contar con un sistema que permita un efectivo control de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, manifestando preocupación en el alto porcentaje de que esta cautelar está siendo aplicada y asimismo que en muchas ocasiones se efectúa en procedimientos que terminan con sentencias absolutorias o con penas no privativas de libertad.

En tanto, participaron de las mesas de debate Mauricio Duce, Académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, Ana María Morales, de Fundación Paz Ciudadana, Sebastián Valenzuela, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  Leonardo Moreno, Académico de Derecho Universidad Alberto Hurtado, María Inés Horvitz, Académica de Derecho de la Universidad de Chile y Marcela Figueroa, Jueza del 13° Juzgado de Garantía de Santiago, quienes ahondaron en los hallazgos del estudio relacionados con la coordinación interinstitucional, definir las funciones de las policías en materia de persecución penal, la ausencia de un rol activo del juez de garantía al momento de controlar la detención de los imputados,  la importancia de dar cumplimiento al principio de legalidad al momento de calificar los hechos investigados, la necesidad de crear tribunales especializados en materia de ejecución de condenas y finalmente llevar a cabo el compromiso que se contrajo al inicio de la reforma de efectuar un permanente seguimiento al funcionamiento del sistema de justicia penal.