En defensa de la independencia judicial, el presidente del Máximo Tribunal, Don Haroldo Brito, expresó que la acusación constitucional «corre el riesgo de convertirse en un instrumento ilegítimo para revisar el contenido de resoluciones judiciales, lo que pone en tela de juicio el Estado de Derecho”. El discurso inaugural del año judicial encaró además las situaciones de vulneración de la infancia y las “inaceptables” condiciones carcelarias en el país.

Con la presencia del presidente de la Republica, Sebastián Piñera; el presidente del Senado, Andrés Montes; la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández; el fiscal nacional, Jorge Abbott; el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica; el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, y el defensor nacional, Andrés Manhke, entre otras altas autoridades, el pasado primero de marzo el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, realizó el discurso de inauguración del Año Judicial 2019.

El presidente del máximo tribunal, al comienzo de la cuenta pública, junto con destacar la importancia de ésta en términos de transparencia y en el derecho a las personas a ser informadas, destaca la importancia de la independencia del poder judicial, indicando que “no puede ser justificada sólo como un requisito para la separación de poderes. Al concebir al Poder Judicial como el principal garante de los derechos de las personas, la independencia judicial se vuelve ineludible para el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Por ello, si se pierde esta condición, toda la función judicial carece de sentido; al punto que, desde esta óptica, el funcionamiento del Poder Judicial en otras condiciones es, en sí mismo, una violación de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos”.

En relación a lo anterior y aludiendo a la preocupación del poder judicial sobre la acusación constitucional presentada por un grupo de diputados en contra de tres ministros de la segunda sala de la Corte Suprema el pasado año, Don Haroldo Brito señala que “la existencia de esta herramienta constitucional es parte del control recíproco de pesos y contrapesos de un Estado de Derecho Democrático y, por ello, obliga a un ejercicio responsable y cuidadoso, pues de no emplearse así, este mecanismo de excepción corre el riesgo de convertirse en un instrumento ilegítimo para revisar el contenido de resoluciones judiciales, lo que pone en tela de juicio el Estado de Derecho”.

Además, y en materia de derechos humanos, el presidente de máximo tribunal da cuenta de las complicaciones y dificultades que surgen para avanzar en justicia penal y reparación civil, sobre todo en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, dificultades que también fueron expuestas en agosto del año anterior ante el Comité contra la tortura de las Naciones Unidas. Pero también destaca los avances en esta materia, sobre todo en el número de procesos terminados, la aprobación de un plan de fortalecimiento de la Oficina de Coordinación  de Causas de Derechos Humanos y el aumento en el número de investigaciones, “hemos aumentado el número de investigaciones y sentencias definitivas en causas de derechos humanos, instalado ministros en visita a cargo de tales causas y logrado la consolidación de una jurisprudencia orientada por la teoría de los derechos humanos que ha ubicado a la judicatura nacional como un referente en la materia”.

En el ámbito de la protección al menor, el presidente Brito, destaca la participación de la Corte Suprema de Justicia en el informe que el Estado chileno presentó ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sobre las graves vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes de los centros de protección residencial del SENAME. Junto con ello destacó la conformación de un Grupo de Trabajo para el reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con el objeto de diseñar una política institucional para garantizar estos derechos.

En palabras del presidente del máximo tribunal: “Estas acciones intentan revertir las indebidas condiciones que afectaron a este grupo de niños, niñas y adolescentes. Entre éstas es bueno destacar el reforzamiento de la formación continua para jueces y personal del tribunal, mejoras en la calidad del registro administrativo y del sistema informático, perfeccionamiento del sistema de coordinación para el control de las medidas de protección y del programa de familia de acogida, además de la revisión del sistema de visitas a los centros residenciales”.

Otro de los temas que destacó en esta cuenta pública fue la situación de las personas privadas de libertad y el estado de las cárceles del país, poniendo énfasis en la comprensión de la ejecución penal y la situación carcelaria como un tema de derechos humanos. “Las inaceptables circunstancias en que las personas privadas de libertad cumplen sus condenas en Chile«, sostuvo el Presidente de la Suprema, «constituyen una clara barrera a un pleno acceso a la justicia que les permita el legítimo ejercicio de los derechos que la Constitución y el Derecho Internacional humanitario les reconocen”.

El Presidente Brito se refirió, además, a ciertos sucesos inusuales acontecidos durante 2018, relacionados con la alteración de pruebas por parte de agentes del Estado con el fin de inculpar a personas cuando se carecía de evidencia suficiente o simplemente esta no existía, o bien alteraciones que también liberaban de responsabilidad penal a algunos participantes en otros hechos, calificando dicha situación con especial gravedad, pues “si bien es cierto que toda la prueba que aportan los intervinientes ha de ser apreciada por los jueces, esto difícilmente puede ser suficiente resguardo cuando la prueba ha sido intencionalmente manipulada a los efectos de producir una convicción distinta, como consecuencia de la información engañosa que se proporciona”.

También se informó sobre avances en infraestructura durante 2018, como la construcción de nuevos centros de justicia en Alto Hospicio, La Serena y San Miguel; los juzgados de familia Puente Alto, Talagante, Rancagua, Tomé, Temuco y Puerto Williams, y la nuevas sedes de la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel, entre otros avances.

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