El Pleno del máximo tribunal, mediante Oficio N° 47-2018, de 07 de mayo este año, emitió su opinión sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 87 de la Ley N° 19.947, sobre matrimonio civil, incorporando un inciso final que viene a fijar una regla de competencia alternativa para el conocimiento de las acciones de divorcio por cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos, tres años. Acorde con la modificación, será competente para el conocimiento de dichas acciones ya no solo el juez de familia del domicilio del demando, sino también el del demandante.

Al respecto, la Corte Suprema señala que “la propuesta importa una alteración de la regla de competencia relativa conforme a la cual el conocimiento de una contienda corresponde al tribunal del domicilio del demandado. Se altera, entonces, la  regla que en la legislación procesal de familia rige respecto de las acciones de separación, nulidad y divorcio, que reproduce el criterio asumido por el legislador en el artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto se entrega ahora al demandante una opción para decidir ante qué tribunal presentará su demanda de divorcio: si ante el juzgado de familia del domicilio del demandado o el de su propio domicilio”.

Asimismo, el máximo tribunal hace alusión a los informes emitidos con anterioridad en materia de competencia para conocer de las acciones de separación, nulidad y divorcio, haciendo presente que en esta ocasión se aprecia una importante diferencia entre los proyectos anteriores y el que ahora se informa, pues en este último “la regla de competencia alternativa sería aplicable solo para las demandas de divorcio por la causal de cese de la convivencia, mas no para las de separación y nulidad, o aún divorcio por otras causales, respecto de las que se mantendría incólume la regla del artículo 87 inciso primero, que otorga competencia únicamente al juzgado de familia del domicilio del demandado”, reiterando al efecto que sería más razonable “una misma regla de competencia aplicable a todas las acciones que contempla el actual artículo 87 de la Ley de Matrimonio Civil, es decir, separación, nulidad y divorcio, cualquiera sea la causal que se invoque”.

Concretamente, el Tribunal Pleno, indicó que “el problema práctico que observan los promotores de la iniciativa puede ser resuelto por la vía de la aplicación de las reglas generales en materia de notificaciones, sin necesidad de modificar las normas de competencia. Al respecto, el artículo 23 inciso 4°, de la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, dispone que “Cuando la demanda deba notificarse a persona cuya individualización o domicilio sean difíciles de determinar, el juez dispondrá que se practique por cualquier medio idóneo que garantice la debida información del notificado, para el adecuado ejercicio de sus derechos”. El artículo 27 del  mismo cuerpo normativo establece: “En todo lo no regulado por esta ley, serán aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. En dicho caso, el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación”.

A su turno, el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 54, regula precisamente la hipótesis que la moción intenta cubrir. Al disponer: “Cuando haya de notificarse personalmente o por cédula a personas cuya individualidad o residencia sea difícil determinar,…. podrá hacerse la notificación por medio de avisos publicados en los diarios del lugar donde se sigue la causa, o de la cabecera de la provincia o de la capital de la región, si allí no los hay….”.

De esta forma, y en atención a las normas citadas, la Corte reflexiona sobre “la utilidad del proyecto de ley, dada la existencia de otras herramientas aptas para enfrentar la situación descrita. A lo anterior, se adicionan consideraciones referidas al serio riesgo de afectación del derecho de defensa del demandado, que puede verse debilitado al  obligar a dicha parte a articular la representación de sus intereses en un lugar distinto de su domicilio, sin perjuicio de la eventual dificultad – en virtud de la modificación planteada que pone en riesgo su efectivo emplazamiento- de ejercer derechos que la ley le confiere, como lo es demandar reconvencionalmente compensación económica”.