El Pleno del máximo tribunal, mediante Oficio N° 126-2018, de 2 de octubre de este año, emitió su opinión sobre el proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), órgano que tendrá por objeto promover el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central.

En su respuesta, en relación a la competencia que el proyecto de ley entrega al Pleno de la Corte Suprema para conocer de los requerimientos de remoción de los consejeros del CFA, se planteó que no parece tener la importancia de aquellos asuntos que actualmente se conocen en esa sede, pues, estos son básicamente establecidos por normas de orden constitucional y respecto de órganos cuya autonomía tiene ese rango, cuyo no es el caso del CFA. Refuerza la  conclusión anterior, prosigue el oficio, el hecho de que, incluso, la acusación en contra de los Consejeros del Banco Central –órgano autónomo, de rango constitucional y carácter técnico- que incurran en infracción o abuso, es de competencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En cuanto al procedimiento para conocer del aludido requerimiento, la Corte estimó que el diseño del mismo resulta razonable, toda vez que contempla como trámite el traslado que se debe conferir al acusado para que conteste la acusación, con un plazo apropiado; admite la posibilidad que la Corte abra un término probatorio que permita demostrar los supuestos de la acusación y la defensa, cuyo plazo es suficiente; y otorga al tribunal respectivo la facultad de decretar medidas para mejor resolver.

Acerca de las causales de cesación de funciones de los consejeros, la Corte observó que extrañaba que no se considerara como tal, la utilización, de parte de los consejeros de información reservada en beneficio propio o ajeno.

Asimismo, se hizo presente que la fórmula utilizada en el proyecto para castigar penalmente la referida divulgación, no permite colegir concretamente cuál es la sanción asociada a este nuevo delito, y que podría agregarse como delito la utilización por parte de los consejeros, en beneficio propio o ajeno, de la información reservada.

También la Corte sostuvo, en relación al incumplimiento de la obligación de los consejeros de presentar declaración de intereses, que llama la atención que no existe en la ley norma alguna que fije la oportunidad, periodicidad y forma en que deba prestarse tal declaración y sin que se incorpore este aspecto como materia sujeta a ser abordada por un Reglamento. De ahí entonces que, para la adecuada aplicación de esta hipótesis de falta grave, resulte necesario completar tales aspectos que fijen los parámetros para su eventual juzgamiento.