La iniciativa busca resolver el desajuste generado tras la publicación de la ley N° 21.033, que “crea la Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata, la que no consideró las modificaciones que serían introducidas por la ley N° 21.017 que” fortalece la composición de los Tribunales que indica, asignando una dotación adicional de 110 jueces”, debido a su tramitación coetánea. Por la misma razón, la propuesta también pretende subsanar el vacio existente en la ley N° 21.057, “que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales”, la que omitió señalar en su articulado a la región del Ñuble.
Con respecto a las modificaciones a la Ley N° 21.033 el máximo tribunal estimó que “atendido que las reformas introducidas no hacen más que modificar la cantidad de jueces de los tribunales que presentaban problemas, es posible afirmar que esta permite subsanar las contradicciones que en materia de dotación de tribunales existían entre la ley N° 21.033 y la N° 21.017. De esta manera, la propuesta restaura aquella contenida en esta última norma, considerando una dotación de dos jueces para el Juzgado de Garantía de San Carlos, de siete jueces para el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán y de dos jueces para el Juzgado de Competencia Común de Yungay 1” Agrega que resulta urgente implementar dicha propuesta, debido a la pronta entrada en vigencia de las leyes analizadas.
A su vez, en relación a las modificaciones realizadas a la Ley N° 21.033, la Corte también expresa su opinión favorable, señalando que “la propuesta contenida en el proyecto parece adecuada para prevenir los inconvenientes que el texto original de la ley podría generar, adelantándose a su entrada en vigencia que se iniciaría transcurridos seis meses desde la publicación del reglamento de la ley en el Diario Oficial 2”.

(1)Oficio N° 61-2018, de fecha 25 de junio de 2018.
(2)Ïbid.