Entre otros puntos, el Pleno criticó la regla de solve et repete hoy vigente y que se haría aplicable a la materia, estimando que afecta la igualdad ante la ley, pues quien cuente con recursos podrá acceder a la revisión judicial de la sanción, mientras que quien carezca de ellos se verá privado de tal derecho.

El pasado 12 de noviembre, mediante Oficio N° 255-2019, el máximo tribunal despachó su informe relativo al proyecto de ley que perfecciona la ley N°19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica (Boletín N° 12.546-08), iniciado por mensaje presidencial el 11 de abril de 2019.

En su informe, la Corte Suprema analizó las motivaciones y contenido del proyecto, y realizó observaciones, específicamente a las modificaciones que la iniciativa pretende introducir a los artículos 30 y 43 de la Ley N° 19.657.

Respecto al artículo 30, se propone fijar criterios para que el juez árbitro determine la existencia de motivos plausibles para litigar al momento de decidir la condena en costas, entendiendo la Corte que, al no regularse en forma taxativa dichos criterios, no debiese verse afectada la potestad del juzgador de ponderar las particularidades del caso.

Adicionalmente, el máximo tribunal estimó que se debilita la jurisdicción al otorgar competencia a los jueces árbitros, dado que los tribunales que forman parte del Poder Judicial son los primeros llamados a resolver controversias (reiterando así la opinión manifestada en el Oficio N° 248-19, relativo al informe del proyecto de ley de roaming automático nacional).

Por su parte, la iniciativa también propone modificar el artículo 43 de la ley N° 19.657, con el objeto de traspasar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la potestad sancionatoria por infracción de la Ley N° 19.657, sus reglamentos y normas técnicas. Al respecto, el Pleno advirtió que la regla de solve et repete («paga y reclama») –hoy vigente en la ley de la superintendencia y que se haría extensiva a la materia, obligando a consignar el 25% de una multa en forma previa a su reclamación– constituye una barrera al acceso a la justicia, que afecta la igual protección de la ley, pues quien cuente con recursos podrá acceder a la revisión judicial de la sanción, mientras que quien carezca de ellos se verá privado de tal derecho.

Para más detalles, véase el Informe Proyecto de Ley N° 54-2019 (Oficio N° 255-2019), disponible en esta publicación.

Fuente Foto: https://flickr.com/photos/piscochile

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