El pasado 31 de agosto, la Corte Suprema informó al Congreso Nacional su opinión sobre la iniciativa legal que establece una nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria (boletín N° 11.540-14).

El referido proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite constitucional y fue iniciado a través de mensaje presidencial el día 14 de diciembre de 2017, contiene un artículo 6°, cuyo inciso final establece que el cobro de lo que el proyecto denomina “obligaciones económicas”, se sujetará al procedimiento del juicio ejecutivo del Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, y, además, su conocimiento quedará entregado al juez de letras respectivo.

Entre los aspectos que el informe de la Corte Suprema puso de relieve, se encuentra el de la incoherencia entre el aludido artículo 6 y el artículo 32. Esto, porque mientras el primero circunscribe el cobro ejecutivo a las obligaciones económicas, que son de carácter eminentemente contributivo, el segundo amplía el cobro ejecutivo a todo pago en dinero que deba efectuar el copropietario, lo que incluiría, por ejemplo, las multas.

Además, el informe de la Corte llamó la atención sobre el hecho de que la iniciativa analizada otorgare mérito ejecutivo a las multas reguladas en el reglamento de copropiedad que puedan ser aplicadas a los copropietarios (artículo 32 del proyecto de ley), lo que permitiría a las comunidades hacer efectiva directamente su regulación interna, sin los suficientes contrapesos que existen actualmente y que permiten al copropietario defender sus intereses reclamando ante la autoridad competente frente al cobro ejecutivo de sanciones de esta naturaleza. En esto, se observó que la modificación propuesta podría afectar el derecho al debido proceso. Los detalles del informe de la Corte puede verlos en el Informe Proyecto de Ley N° 30-2020, disponible a continuación.