Con fecha 4 de julio de 2019 la Corte Suprema despachó al Congreso su informe  acerca del proyecto de ley que “modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, y otras disposiciones, para sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta, entrega a cualquier título, y el uso de fuegos artificiales, en las condiciones que indica” (boletín N° 12.649-25), en respuesta a la solicitud de la Cámara de Diputados para que se pronunciara sobre esta iniciativa.

La principal modificación que este proyecto de ley pretende introducir es el aumento de la sanción aplicable a la posesión, fabricación y uso de fuegos artificiales. De esta manera, se propone modificar el Decreto N° 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.798, sobre control de armas (“Ley de control de armas”), incorporando dos nuevos artículos que inciden en la regulación aplicable a los fuegos artificiales absolutamente prohibidos por la ley (grupos 1 y 2 del artículo 286 del Reglamento complementario de la ley N°17.798)  y a aquellos permitidos bajo ciertos requisitos (grupo 3 del artículo 286 del Reglamento complementario de la ley N°17.798)

Esta modificación tiene el efecto de modificar la sanción actualmente aplicable a estas conductas – que corresponde a una multa para cuya aplicación es competente el Juez de Policía Local del lugar donde hubieren ocurrido los hechos – y sustituirla por una pena de presidio menor en su grado mínimo, que sería conocida por los tribunales con competencia en materia penal.

Frente a ello, el máximo tribunal expresó su opinión desfavorable, por estimar que “no parecen existir antecedentes que permitan aseverar que las consideraciones sociales respecto a la gravedad de estos hechos hayan variado significativamente, ni tampoco estadísticas que recomienden agravar la entidad de la sanción ni alterar su naturaleza, aspectos que, por lo demás, son reconocidos por los proponentes” por lo que no existirían motivos suficientes para sustentar una modificación en este sentido.

Asimismo, hizo presentes las consecuencias que este tipo de reformas – que cambian el régimen al que se somete la sanción desde el sistema contravencional al penal – pueden tener en la labor realizada por el Ministerio Público y los Tribunales Penales, principalmente relacionadas con el aumento en la carga de trabajo que deberían soportar.

Por último, la Corte efectuó observaciones en materia de técnica legislativa en los siguientes aspectos: en relación a la consagración del tipo penal recomendó mejorar la redacción puesto que con la actual “pareciera no satisfacerse el estándar que exige el principio de reserva legal en relación a la precisión de la descripción del tipo penal”; acerca de la autonomía de la medida de clausura del establecimiento donde se verifiquen las infracciones advirtió que esta podría resultar inaplicable atendido su carácter accesorio a la sanción privativa de libertad, toda vez que se mantendría la competencia para su aplicación en el Juez de Policía Local, quien no conocerá la sanción principal y, por lo tanto, no contará con la información necesaria para emitir un pronunciamiento; por último, observó aparentes omisiones en la utilización de determinados verbos rectores.

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