La Corte consideró favorable el cambio de un sistema de sustitución de voluntad por uno de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, especialmente en atención a lo dispuesto en el Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con todo, observó que el proyecto presente diversas deficiencias que deben ser salvadas.

El pasado 09 de julio, mediante Oficio N° 138-2019, el máximo tribunal despachó su informe relativo al proyecto de ley que modifica diversos textos legales con el objeto de eliminar la discriminación en contra de personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial, y consagrar su derecho a la autonomía (Boletín N° 12.441-17), iniciado por moción el 05 de marzo de 2019.

El proyecto pretende modificar una serie de cuerpos legales dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Orgánico de Tribunales, el Código Sanitario y la Ley N° 20.422 que “Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad”.

En síntesis, en su informe la Corte Suprema dio cuenta de las obligaciones contraídas por Chile contenidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y luego reseñó y observó el contenido del proyecto, el cual tiene por eje central la derogación del sistema de sustitución de voluntad mediante la interdicción de los dementes y de los sordos o sordomudos que no se pueden dar a entender claramente –lo cual fue considerado como favorable- y el otorgamiento de plena capacidad jurídica a las personas actualmente interdictas por dichas circunstancias.

Además, en específico, se realizaron una serie de observaciones al sistema de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, el cual se pretende incluir en la Ley N° 20.422. A opinión de la Corte, la propuesta presenta una serie de deficiencias que deben ser salvadas, tanto respecto de las reglas de protección de las personas con discapacidad como las reglas relativas a las atribuciones y competencias de los tribunales de justicia.

Para más detalles, véase el Informe Proyecto de Ley N° 24-2019 (Oficio N° 138-2019), disponible en esta publicación.

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