La Corte Suprema emitió su parecer respecto del proyecto de ley iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República que establece nomas sobre delitos informáticos, deroga la ley n° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (boletín N° 12.192-25).

En términos generales, el proyecto de ley persigue actualizar la legislación nacional en materia procesal y sustantiva, según los requerimientos del Convenio de Budapest. Este convenio, suscrito y ratificado por chile durante el año 2017, pretende establecer estándares internacionales para que los países suscriptores enfrenten de modo coordinado la problemática de los delitos informáticos, la pornografía infantil y otras violaciones a la propiedad intelectual y a la seguridad de redes.

La opinión del pleno se refirió a distintos ámbitos de la reforma centrándose tanto en la materia explícitamente consultada por el Senado – y que dice relación con una propuesta de modificación del artículo 219 del Código Procesal Penal- como en algunas otras reformas de relevancia, tales como la nueva regulación del artículo 222, la atenuante de Colaboración eficaz, y la estructura de delitos que propone la propuesta. Todas estas materias, a juicio del máximo tribunal, influyen en importante medida en las atribuciones de los tribunales, en el goce de los derechos humanos de las personas y en las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Chileno.

En relación al primer asunto, la Corte estimó que la propuesta de modificación del artículo 219 del Código Procesal Penal, además de resultar demasiado restrictiva (puesto que no incluía a determinadas empresas que sin ser de telecomunicaciones poseían datos sobre comunicaciones de relevancia) podía causar algunas ambigüedades interpretativas que valía la pena evitar. Estas ambigüedades, no derivarían directamente de la nueva redacción del artículo 219 del Código Procesal Penal, sino  de su interpretación sistemática junto a la propuesta de modificación del artículo 222 del Código Procesal Penal. En concreto, el problema se expresaría: a) en la ampliación de rango regulatorio del nuevo artículo 222 de la propuesta, que pasaría a regular también el acceso a ciertos datos sobre comunicaciones y no solamente las condiciones que permiten la práctica de interceptaciones, como hace actualmente y; b) en la nueva cláusula de primacía hermenéutica que incluye la propuesta de artículo 219 del Código Procesal Penal, que señala que “respecto de las comunicaciones a que hace referencia el artículo 222 de este Código, se regirán por lo señalado en dicha disposición”.

Según la Corte, al ampliarse el rango regulatorio del art. 222 del Código Procesal Penal, éste se inmiscuye – parcialmente pero con prioridad hermenéutica – en el ámbito del artículo 219 del Código Procesal Penal lo que obligaría al intérprete a especificar en cuál caso aplicar el art. 219 (que requiere de autorización judicial precisa) y en qué caso aplicar el art. 222 (que no es claro sobre la materia).

Considerando el problema, la Corte enfatizó que además de aclararse el ámbito regulatorio de estos artículos debía tenerse en cuenta que de acuerdo a los estándares internacionales sobre la materia y las distintas realidades  fácticas que es necesario regular.  De este modo, el pleno puntualizó que no es lo mismo regular el acceso al contenido de las comunicaciones privadas, el acceso a los meta-data o datos de tráfico, y el acceso al contenido de transmisiones públicas o sin expectativa de reserva, como las que emiten las empresas de televisión y radio difusión. Además, enfatizó el hecho de que cualquier injerencia que afecte derechos fundamentales de las personas debe ser autorizada por un juez y cumplir con los requisitos de a) estar prevista en la ley; b) perseguir un fin legítimo y c) ser idónea, necesaria y proporcional.   

Junto con estas críticas, la Corte realizó otras observaciones en relación a algunos vacíos en torno al sujeto obligado en estas materias – que expresamente no incluyen a empresas que no presten servicios de telecomunicación- y en relación a las dinámicas que deben regir el procedimiento de determinación de atenuantes. Por último, en lo que se refiere a la estructura de delitos, la Corte criticó la falta de fidelidad de algunas de las disposiciones propuestas con las reservas y declaraciones del Estado chileno al suscribir el Convenio de Budapest, y la posibilidad de que en algunos casos, la propuesta no hiciera justicia a los mandatos de incriminación que éste estipulaba.