El 5 de marzo de 2020, la Corte Suprema emitió su parecer respecto del proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, “para excluir de la jurisdicción militar el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares, y entregarlos a la justicio ordinaria”, (Boletín N° 12.519-02).

De conformidad al análisis realizado por el pleno, el principal objetivo de la propuesta era excluir de la jurisdicción de los tribunales militares el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por militares (fs. 1, Boletín 12.519-02). Ello, tanto en razón de las exigencias que imponían los estándares establecidos en el derecho internacional, como, los efectos de la condena a Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Palamara vs. Chile”.

De conformidad al análisis del máximo tribunal, el proyecto expuesto a su consideración superaba problemas de anteriores versiones del mismo, en donde no se identificaba con precisión el contenido de los denominados delitos militares, al especificar directamente que se considerarían militares solamente aquellos que lesionaban “bienes jurídicos militares” (considerando octavo del OFICIO N° 50- 2020).

De modo, la Corte se mostró de acuerdo con el proyecto, reiterando su convicción expresada en informes pasados en torno de que resulta “imprescindible, para los efectos de una reforma orgánica que produzca los efectos perseguidos, efectuar una revisión crítica de los títulos que conforman la Parte Especial del Código de Justicia Militar” (considerando décimo OFICIO N° 50- 2020)