En fallo unánime la Corte Suprema emitió su parecer respecto del proyecto de ley iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República sobre delitos ambientales y daño ambiental, mediante Oficio N°32-2019, de 19 de febrero del año 2019

En sus observaciones, el Pleno del máximo tribunal planteó diversas críticas en torno: a) a la decisión de supeditar las investigaciones por delitos medioambientales a la potestad discrecional de la Superintendencia del Medio ambiente (“SMA”) y otorgarle amplias potestades de investigación; B) a la decisión de definir legalmente que los atrasos en la dictación de determinadas resoluciones implicarían sanciones disciplinarias para los miembros de los tribunales ambientales y, finalmente, c) a la especifica estrategia regulativa que empleó el ejecutivo al definir el delito de daño ambiental.

En lo que respecta al primer grupo de críticas, la Corte se mostró en contra de supeditar la investigación de estos delitos a la querella previa de la SMA. Afirmó que “salvo que exista alguna poderosa razón en contra, los delitos de acción penal pública deben investigarse y perseguirse (primacía del principio de legalidad) y esta actividad debe ser desempeñada en exclusiva por el organismo Constitucional creado a tal efecto, a saber, el Ministerio Público (art. 83 de la Constitución Política de la República)” y, luego de analizar la situación particular de esta clase de delito, consideró inadecuada una decisión de esta clase.

Por otro lado, la Corte emitió reservas en relación a estipular en la ley responsabilidad disciplinaria automática de los jueces que componen los tribunales ambientales, en casos de demora en la dictación de resoluciones. Al respecto, el máximo tribunal explicó que el retraso de los tribunales puede deberse a motivos que exceden su ámbito de competencia, por lo que resultaba conveniente que la responsabilidad disciplinaria se estableciera caso a caso.  

Por último, en lo que respecta a la tipificación del delito de daño ambiental, la Corte sostuvo que la forma típica propuesta no satisfacía el mandato de determinación (lex stricta y certa) que estipula inciso final del artículo 19 N° 3 a la Constitución.

Sin perjuicio de la unanimidad expresada por la opinión del pleno, el ministro Sr. Muñoz, realizó algunas prevenciones adicionales: a) enfatizando la insuficiencia del concepto “daño ambiental significativo”, b) especificando que supeditar la acción penal a la declaración previa de “daño ambiental significativo” resultaba inconveniente, y podría ocasionar demoras inaceptables, y c) planteando la necesidad de establecer otros mecanismos, distintos de la responsabilidad disciplinaria inmediata por el retraso, que permitan que la justicia ambiental se cumpla en un término razonable.