Corte Suprema emite su opinión acerca del proyecto de ley que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población

Con fecha 05 de septiembre de 2018, el Pleno de la Corte Suprema ofició al Senado con el fin de expresar su parecer respecto del proyecto de ley que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población (boletín N°11.913-25), que fue consultado por dicha Cámara.

La iniciativa pretende sancionar conductas que son catalogadas como “incivilidades”, tales como el consumo de alcohol o drogas en la vía pública, la existencia de sitios eriazos o descuidados, la acumulación de basura, entre otras. Para ello introduce modificaciones al Código Penal, a la Ley N° 19.925 (sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas), a la ley N° 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas) y al Decreto con Fuerza de Ley N° 458 (Ley General de Urbanismo y Construcciones).

Luego de analizar pormenorizadamente las disposiciones consultadas, el máximo tribunal advierte que los objetivos del proyecto parecieran no resultar totalmente concluyentes para fundar las modificaciones que este plantea, debido a que existirían inconsistencias entre las cifras presentadas para respaldarlo y las que se registran en la propia fuente citada, y a que la teoría en la que este se funda ha sido objeto de severas críticas por propiciar prácticas discriminatorias, xenofóbicas y de abuso policial.

En relación a la propuesta para reformar la ley N° 19.925, se cuestiona el traspaso de determinadas conductas desde el régimen infraccional al régimen penal y la ausencia de consideraciones relativas a la proporcionalidad y conveniencia de este traslado. Asimismo, se menciona que el proyecto no logra conciliar su regulación con aquella contenida en el Código Procesal Penal, en especial respecto del procedimiento monitorio. Por último, critica la modificación a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, por estimar que resulta innecesaria y podría desnaturalizar su régimen, basado principalmente en el principio de la autonomía de la voluntad.

Se objeta también la proporcionalidad y conveniencia de las modificaciones al artículo 81 del Decreto con Fuerza de Ley N° 458 (Ley General de Urbanismo y construcciones) y se hacen presentes las imprecisiones y omisiones contenidas en el artículo 1° número 2 (incorporación de un nuevo artículo 486 bis al Código Penal que pretende sancionar los mensajes, rayados, firmas, dibujos u otras figuras en bienes muebles o inmuebles sin autorización), y en el artículo 2°, números 4 y 5 de la iniciativa legal (modificaciones a la ley 19.925que buscan sustituir su artículo 27 y el inciso primero de su artículo 28, respectivamente).

En el informe se deja también constancia del parecer del Presidente señor Brito y del Ministro señor Künsemüller, quienes estuvieron por informar negativamente el proyecto por no estar de acuerdo con el traslado de las conductas que la iniciativa cataloga como “incivilidades” desde el régimen contravencional al derecho penal. En su opinión, dicha denominación es indicativa “de un derecho penal de autor, que pretende castigar una manera de ser, ciertas características de determinados individuos, como su personalidad, su estilo de vida equivocado. Se habla de culpabilidad por el carácter o por la forma de conducir la vida”.

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