La Corte informó en forma desfavorable el proyecto, en atención a que el mecanismo propuesto de protección al ejecutado se consideró insuficiente.

El pasado 26 de junio de 2020, mediante Oficio N° 122-2020, el máximo tribunal despachó su informe relativo al “Proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria” (Boletín N° 12.917-03), iniciado por moción parlamentaria en el Senado el 06 de septiembre de 2019.

En su informe, la Corte Suprema describió las motivaciones y contenido del proyecto, y realizó observaciones a las propuestas de modificaciones legales. Además, reseño una opinión anterior relativa a la garantía hipotecaria, en el sentido que su afectación “podría impactar en los costos y acceso al crédito hipotecario a causa de la ineficacia y falta de certeza jurídica asociada a la hipoteca”.

En particular, la Corte observó que el mecanismo propuesto para proteger al deudor –la entrega el bien inmueble embargado en prenda pretoria al acreedor- no es suficiente, ya que de todas formas el ejecutado se verá materialmente privado de su bien.       

Por otro lado, la Corte manifestó su opinión respecto a la posibilidad de establecer el llamado obligatorio a conciliación en los juicios ejecutivos.

La opinión de la Corte fue emitida con ciertas prevenciones realizadas por parte de Ministras y Ministros, destacando entre aquellas la de informar íntegramente el proyecto, en particular la propuesta de subasta electrónica que, si bien se estima positiva, requiere de una mayor precisión de sus aspectos funcionales, de la determinación del ente encargado de su regulación y atención a los recursos que serán necesarios para desarrollarla y mantenerla operativa.

Para más detalles, véase el Informe Proyecto de Ley N° 17-2020 (Oficio N° 122-2020), disponible a continuación.