Los conflictos son propios del ser humano como ser social, y pueden ser una oportunidad para transformar positivamente las relaciones interpersonales y comunitarias a través del diálogo. Sin embargo, las sociedades deben trabajar para ello y, en particular, disponer de sistemas de justicia capaces de prevenir los conflictos y desarrollar las habilidades de individuos y comunidades para resolver colaborativa y pacíficamente las controversias.

Este artículo precisamente indaga sobre programas y políticas públicas implementadas en Iberoamérica para cumplir con dicho objetivo, particularmente iniciativas en materia de educación y programas de facilitación. Ello, tomando como punto de partida la propuesta de los Centros de Justicia Ciudadanos desarrollada por la Corte Suprema de Chile y adoptada como referente por la Comisión MARC-TTD de la Cumbre Judicial Iberoamérica, espacio desde el que precisamente se intentará nutrir y perfeccionar la propuesta a partir del intercambio de conocimiento originado en la implementación de experiencias regionales en materia de justicia.