(…) cualquier proceso de elaboración de una política pública debe considerar el componente social, que en este caso, determina la incorporación de las personas del Poder Judicial: sus funcionarios. Por dicho motivo, la participación de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial fue considerada como un componente esencial e irremplazable en ambos procesos de elaboración de políticas.

La adquisición de compromisos internacionales por parte del Estado chileno y los impulsos modernizadores que éste ha emprendido en respuesta a ellos, mediante la implementación de políticas públicas tales como la Reforma Procesal Penal, han llevado a que el Poder Judicial chileno tenga una agenda definida de modernización y mejora del servicio de justicia que entrega. Ha decidido avanzar de manera firme en optimizar el acceso a la justicia, mejorar la calidad del proceso de justicia y modernizar a la institución. Parte de las acciones que ha emprendido para abordar precisamente dichos ejes de desarrollo es la elaboración de una política de atención de usuarios que permita mejorar el servicio de justicia al que acceden las personas en Chile, y la construcción de una política de género y no discriminación para el Poder Judicial. La Dirección de Estudios ha cumplido, en ese marco, un importante rol de asesoramiento técnico mediante el diseño e implementación de una metodología participativa que permite llevar adelante procesos inclusivos y que cuentan con la legitimidad de sus funcionarios. En el presente trabajo se revisa dicha metodología.

[Este artículo se ha elaborado en el contexto de las metas de desempeño colectivo 2018 del Poder Judicial]

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