(…) la Corte reiteradamente ha sostenido que toda decisión que afecte el derecho a ingresar y permanecer en el país de personas extranjeras debe superar un estándar de “razonabilidad

El presente artículo busca dar respuesta a la pregunta de cuáles son los límites que los Estados y, en particular, la autoridad administrativa debiese respetar al momento de denegar el ingreso o la autorización de residencia a los extranjeros que intentan ingresar o permanecer legalmente en nuestro país, utilizando medidas coercitivas de control.

Para abordar este problema, este estudio aborda, en primer lugar, el origen y alcances de la potestad de excluir de los Estados y las consecuencias que las políticas migratorias restrictivas tendrían en las personas migrantes. A continuación, se refiere a cómo los estándares de derechos humanos podrían constituir un límite a esta potestad, de qué manera el derecho internacional de los derechos humanos ha evolucionado para clarificar estos estándares y límites y los actores que han intervenido en esta evolución. En el tercer capítulo, se desarrolla en mayor profundidad cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos que debieran ser aplicados por los Estados y las recomendaciones de los órganos de supervisión de los principales instrumentos de derechos humanos en esta materia. Posteriormente, el artículo se refiere al marco normativo nacional vigente que regula el ingreso y permanencia de los extranjeros en nuestro país, algunas de las críticas que se han planteado a su respecto y la normativa constitucional y legal que podría orientar su aplicación. En base a la revisión de los estándares de derecho internacional y nacional que debieran orientar y delimitar el actuar de la administración, el capítulo final da cuenta de la manera en la que la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones han interpretado y aplicado estos límites en su jurisprudencia reciente, con el objeto de identificar los principales criterios y normativa que la Corte Suprema utiliza para garantizar y prevenir la afectación de derechos de las personas migrantes frente a las actuaciones de la administración que podrían llegar a vulnerar estos derechos.

Finalmente, el artículo concluye precisando los principales hallazgos de esta revisión doctrinaria y jurisprudencial, dando cuenta de la persistente tensión entre el ejercicio de la facultad de excluir a las personas migrantes en el contexto de políticas migratorias de control y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, el rol que le cabe a los tribunales nacionales para la protección de los derechos de las personas migrantes frente a la amplia facultad discrecional de la autoridad administrativa y algunas de las limitaciones y desafíos que se presentan a este respecto.

[Este artículo se ha elaborado en el contexto de las metas de desempeño colectivo 2018 del Poder Judicial]

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