” (…) la normativa vigente que regula los procedimientos de interdicción dificulta que los jueces puedan resguardar el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica y de acceso a la justicia, en tanto, estas normas, más que considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, tienen por objeto suprimir el ejercicio de su capacidad y sustituir su voluntad por la de un representante.”

El presente artículo analiza las barreras en materia de acceso a la justicia de personas con discapacidad mental en los procedimientos judiciales de declaración de interdicción y curatela.

En la primera sección se relevan antecedentes generales sobre la evolución del concepto de discapacidad, y en específico sobre la evolución del concepto cultural-jurídico de discapacidad mental. En la segunda sección se da cuenta de un levantamiento de la normativa internacional, estipulada en Convenciones y Tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, así como recomendaciones de organismos internacionales en la materia.

Finalmente, se expone un análisis a la normativa nacional, con especial énfasis en las barreras actuales de los procedimientos judiciales de declaración de interdicción y curatela, como único mecanismo disponible para que los jueces puedan proteger los derechos de este grupo de la sociedad, lo cual deja a la judicatura en la disyuntiva entre sustituir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o no hacer nada, y en tal caso desproteger sus derechos fundamentales.


[Este artículo se ha elaborado en el contexto de las metas de desempeño colectivo 2018 del Poder Judicial]

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