Durante los años 2010 y 2017, un total de 4.678.783 causas fueron ingresadas a tribunales de primera instancia en materia penal, solicitándose prisión preventiva en un 8,8% de los casos. De los resultados de las solicitudes, en un 86,8% las prisiones preventivas fueron concedidas por el tribunal, mientras que en un 13,2% fueron rechazadas.

El presente artículo analiza el fenómeno de la prisión preventiva, primero, en el contexto global, relevando algunos aspectos sociológicos, culturales y algunos de sus efectos económicos. Se aborda, luego, desde la realidad nacional a partir de un breve análisis de la institución de la prisión preventiva en el antiguo proceso penal chileno y se esboza el origen de la creencia que los jueces de garantía dejan libres a las personas peligrosas en la dinámica del concepto nacional de puerta giratoria.

A continuación, se releva el rol del nuevo sistema de justicia penal en cuanto ha significado un avance sustancial en términos de respeto a las garantías de los imputados, transparencia y eficiencia persecutoria, a pesar de que las modificaciones posteriores a la institución, han incorporados ciertos criterios inclinados a requisitos subjetivos, uno de los cuales es la peligrosidad del imputado.

Desde esta premisa, el estudio toma los datos disponibles en el Poder Judicial para analizar la evolución cuantitativa de la medida cautelar de prisión preventiva solicitadas por el Ministerio Público a nivel nacional en los distintos tribunales desde 2010 hasta 2017, los que se han mantenido en una tendencia al alza. Para mejor ilustrar esta evolución, se desagregan los datos de ingresos penales y prisiones preventivas, segmentándoseles por delitos contra la vida, delitos de connotación sexual, en delitos violentos contra la propiedad y en los delitos sobre tráfico de drogas.

 

[Este artículo se ha elaborado en el contexto de las metas de desempeño colectivo 2018 del Poder Judicial]