Las estadísticas del Poder Judicial muestran que en los tribunales de familia las causas por violencia intrafamiliar tienden a disminuir entre 2010 y 2017. Así, mientras en 2010 ingresaron 73.146 causas, durante el año 2017 lo hicieron 67.2047. Lo que resulta interesante relevar es que la proporción de causas disminuye a partir del año 2015, al 10% y tiende a mantenerse constante en el tiempo (…) En el ámbito penal, la tendencia de los últimos años (2015 y 2016 especialmente), por el contrario, muestra un aumento de las causas VIF. Así, mientras en 2010, hubo 3.037 ingresos, en 2017 éstos ascendieron a 4.567.

El presente artículo da cuenta de las principales implicancias que ha tenido la implementación, desde el año 2005, de la ley 20.066 de violencia intrafamiliar en Chile. El análisis se hace sobre la base de una revisión del estudio ya realizado en esta materia por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema en 2016.

Para ello, el artículo revisa los estándares internacionales en materia de violencia intrafamiliar, distinguiendo los diversos conceptos asociados a ella, tales como violencia contra la mujer, violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia contra el adulto mayor y violencia contra personas con discapacidad. Asimismo, da cuenta de cómo la legislación nacional ha traducido dichos estándares en herramientas jurisdiccionales y de política pública para generar un aparataje estatal que permita hacerse cargo de los impactos de la violencia intrafamiliar en los principales grupos vulnerados. Por último, entrega los hallazgos que este nuevo ejercicio de estudio de la implementación de la ley arroja, a partir de la introducción de nuevas entrevistas a una mayor muestra de jueces, incorporando estadísticas de causas de los años 2016 y 2017 y nueva jurisprudencia.

Los resultados del análisis son similares a los que evidenció el estudio anterior: una ley poco eficaz en dar cobertura especializada a los distintos grupos afectados por la violencia intrafamiliar, respuestas descoordinadas entre los actores a cargo de dar asistencia a las víctimas, y ausencia de estrategias institucionales para abordar el fenómeno, entre otros.

No obstante lo anterior, los hallazgos se presentan de una manera más integrada, entendiéndolos como consecuencia de un aparataje legal que no sería capaz de dotar ni a los Tribunales ni al Poder Ejecutivo de las herramientas suficientes para dar un tratamiento efectivo a la violencia intrafamiliar.

[Este artículo se ha elaborado en el contexto de las metas de desempeño colectivo 2018 del Poder Judicial]

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