Nuestra carta fundamental consagra en su artículo 19 N° 1 el derecho a la vida[1], el que, si bien no tiene una definición en el mismo texto constitucional, se enarbola como un derecho germen[2], siendo relevante y esencial al configurarse como “la base y finalidad de todos los demás derechos sin excepción”[3].

Las concepciones relativas a este derecho no son unívocas, siendo interesante mencionar aquella que hace referencia al derecho a la vida entendiéndolo como aquel derecho a vivir con dignidad. Bajo este espectro algunos autores señalan que  el derecho a la vida comprendería “los progresos de las ciencias biológicas y de la técnica médica para salvar la existencia de quien padece enfermedades que la ponen en peligro, o bien de proporcionarle una extensión de su vivencia con dignidad”[4].

En ese sentido, el avance de la ciencia ha permitido que este derecho sea salvaguardado por medio de diagnósticos y tratamientos médicos oportunos. Sin embargo, en la práctica, muchas veces el acceso a este tipo de prestaciones es limitado por consideraciones presupuestarias u otras barreras de acceso. Con el fin de dar una respuesta a esta problemática el legislador ha adoptado distintas normativas, destacándose en 2015, la dictación de la Ley N° 20.850 que crea un sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamientos de alto costo para todos los beneficiarios de los sistemas de salud en Chile.

No obstante, ante la insuficiencia de la normativa vigente y frente a prácticas que podrían ser consideradas arbitrarias o ilegales, las personas que ven en peligro su derecho a la vida, han debido acudir a instancias judiciales para acceder a la cobertura de las prestaciones médicas necesarias para su salvaguarda, al entender que el derecho a la vida se configura como un derecho absoluto frente a cualquier otro tipo de consideración presupuestaria o económica. Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, la presente investigación abordará específicamente la protección judicial del derecho a la vida frente a la denegación de cobertura de medicamentos, mediante el análisis de jurisprudencia reciente que se pronuncia respecto de esta materia, con el propósito de identificar los criterios que ha considerado la Corte Suprema para resolver este tipo de casos y amparar a los recurrentes frente a la perturbación y amenaza del derecho a la vida.


[1] “Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 1°.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona (…)”.

[2]GARCÍA-HUIDOBRO, Rodolfo Figueroa. Concepto de derecho a la vida. Revista Ius et Praxis, 2008, vol. 14, no 1, p. 261-300.

[3] Ibíd.

[4] Ibíd.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.