Un dilema tradicional acerca del ámbito normativo al que puede acudir el juez civil al momento de dictar sentencia, ha consistido en la tensión inherente entre la aplicación del aforismo “iura novit curia” (el juez conoce el derecho) y el principio de congruencia procesal. Así, conforme al primero, se ha entendido que el juez se encuentra autorizado para definir el estatuto jurídico aplicable al caso sometido a su conocimiento, mientras que el segundo considera que debe  remitirse al campo jurídico delimitado previamente por las partes en la etapa de discusión.

Una de las expresiones más frecuentes de esta tensión se produce en materia de daños, en que la pretensión resarcitoria puede ser fundada conforme al estatuto contractual o bien al extracontractual. Cada uno de estos estatutos contiene reglas sustantivas y de adjudicación diferenciadas, de cuya suerte depende el resultado de la sentencia que se dicte y el destino de la pretensión de las partes.

En este escenario, el derecho a la defensa jurídica como especificación del derecho al debido proceso, aparece como un factor a tener en consideración a la hora de argumentar a favor o en contra de la posibilidad de aplicar una normativa que no ha sido objeto de discusión por las partes en el proceso.

Una premisa a partir de la cual surge la necesidad de indagar acerca de este asunto, ha sido la falta de consenso en la doctrina al respecto, ya que no ha sido posible lograr una conclusión definitiva que sirva de parámetro a los operadores del sistema de justicia. La revisión de la jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia permitirá ilustrar la forma en que el máximo tribunal ha resuelto los casos que han llegado a su conocimiento, en que se verifica la existencia de la señalada tensión.

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