Con fecha 2 de marzo de 2018, se dio inicio a la Colección denominada “Acceso a la justicia de privados de libertad”, investigación jurídica que tiene por objeto Identificar cómo se ha materializado el derecho de acceso a la justicia de las personas privadas de libertad en la jurisprudencia de la Corte Suprema. 


Históricamente la cárcel ha sido un espacio cerrado, hermético y ajeno al escrutinio público[1]. A su vez, quienes la habitan pertenecen a una población altamente marginada[2], en términos materiales debido a su privación de libertad y simbólicos por haber cometido delitos. Esto tiene como consecuencia que todo lo que ocurre intramuros escasamente logra concitar el interés del resto de la sociedad.

En este contexto, cuando las personas privadas de libertad sufren una vulneración en sus derechos tienen severas dificultades para acceder a mecanismos administrativos y jurisdiccionales que les permitan denunciar esta situación. Muchos de ellos desconocen los dispositivos con los que cuentan y no poseen las herramientas para hacerlos valer, principalmente teniendo en consideración que un porcentaje de la población penal es analfabeta o presenta bajos niveles de escolaridad[3]. Así, la mayoría no cuenta con los medios para proveerse asesoría jurídica y la entregada por el Estado es en muchos casos insuficiente.

Atendido el contexto descrito, resulta fundamental analizar de qué manera y en qué medida este sector de la población -que se encuentra en una profunda situación de vulnerabilidad en virtud de diversos factores- ejerce su derecho de acceso a la justicia.  Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene presente que la legitimidad de un estado democrático de derecho se basa no sólo  en la consagración formal de un catálogo de garantías, sino que principalmente en la posibilidad real de ejercerlas.

Para cumplir este objetivo, en esta investigación, se analizará la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia del año 2017, con la finalidad de identificar cómo se ha materializado el derecho de acceso a la justicia de las personas privadas de libertad en la jurisprudencia nacional..

 


[1] ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA (APT), Monitoreo de lugares de detención. Una guía práctica. Ginebra, 2004, p.7. [en línea]. Disponible en: < https://www.apt.ch/content/files_res/Monitoring%20Guide%20SP.pdf >

[2] FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA y FUNDACIÓN SAN CARLOS DE MAIPO, Estudio sobre los niveles de exclusión social en personas privadas de libertad, Santiago, 2016, p.157 [en línea]. Disponible en: < http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2016/02/exclusion-social-final-3.pdf>

[3] INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Estudio de las condiciones carcelarias en Chile, 2013, p. 115. [en línea]. Disponible en: < http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/639/Estudio%20general?sequence=4 >

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